La Ley Antimonopolio y el Mercado

Por Luis Fernando Torres:

El mercado es sinónimo de abuso y, por ello, debe ser regulado por el Estado, dijeron  los más radicales  promotores de la Ley Antimonopolio, al festejar la aprobación legislativa de ese peligroso  cuerpo legislativo,  al que, pomposamente,  le denominaron Ley de Regulación del Poder del Mercado.

No faltaron, además, las voces de apoyo, a la Ley,  de algunos empresarios  que lograron levantar significativas fortunas gracias a las protecciones, licencias e incentivos que el Estado les dio a ellos y no a otros, eximiéndoles de los desafíos impuestos por la  innovación, la productividad y la competencia.

La discusión de la Ley Antimonopolio dejó ver la fuerza del pensamiento estatista y socialista, entre quienes profesan esta visión y también entre aquellos que, llamándose liberales, hicieron, seguramente por su falta de formación teórica, una serie de ingenuas concesiones.

Mientras más grande y sólido es el mercado, el empresario y, en general, el ciudadano tienen  mejores oportunidades para establecer negocios y generar empleos.  En los sistemas socialistas no hay lugar para el mercado. El Estado ocupa su puesto.  Los cubanos tuvieron que esperar  41 años para poder comprar y vender sus vehículos.

En el Ecuador, es en el mercado  donde se establecen los negocios y se ofrecen empleos, a pesar de las excesivas regulaciones.  La panadería, el taller mecánico y la tienda de abarrotes, no son parte del Estado sino del mercado. Allí funcionan y ofrecen sus productos.

Con la misma lógica, a una escala mayor, en el mercado también se encuentran empresas y negocios grandes, entre ellos, las cadenas de supermercados y las industrias de producción masiva.

¿La Ley Antimonopolio va a servir para que el Estado controle a los pequeños y a los grandes o solamente a éstos?.  A todos,  en forma muy selectiva.

Detrás de la Ley están latentes aberrantes prejuicios en contra del mercado, al que se lo ve, bajo la perspectiva marxista, como  un simple instrumento para la explotación social y económica de los pobres.

Como dice el célebre Ludwing von Mises, en su monumental obra, La Acción Humana, la economía de mercado no es ni un lugar ni una cosa sino un proceso basado en la cooperación y no en la compulsión de los individuos que producen, compran y venden, guiados, no por los funcionarios públicos, sino por los precios (314).  Su eje rector es la propiedad privada de los medios de producción, no la propiedad estatal. Y la idea de capital, desconocida en los sistemas socialistas, con todo lo que implica en materia de inversiones, cálculo económico y contabilidad, tiene sentido práctico únicamente en el sistema capitalista desarrollado por la economía de mercado.

Más aún, como enfatiza Mises, “la economía de mercado es fruto de un dilatado proceso de evolución” (323). No es, por ello, un sistema accidental y artificial, “sustituible, sin más, por otro cualquiera. Se trata de un modo de actuar, “bajo el signo de la división de trabajo, que el hombre ha ingeniado”. Es la “estrategia” humana que le ha permitido al hombre prosperar desde el primitivo salvajismo. La economía de mercado y el capitalismo no son fenómenos pasajeros. Expresan la libertad y el ingenio de los seres humanos, pero, sobre todo, son los únicos sistemas de organización de la acción humana que permiten “aplicar el cálculo económico a la planificación de la acción” (324).

Los monopolios, como tales, no tienen trascendencia, excepto cuando los monopolistas establecen los llamados precios de monopolio, más elevados de lo que sería el precio potencial del mercado en el caso de no existir tal situación monopolística. Esto ocurre, según Mises, cuando el monopolista cosecha un “beneficio neto superior vendiendo menos a mayor precio que vendiendo más a un precio inferior” (338).

Si las  leyes antimonopolio se limitaran a evitar los precios de monopolio, no habría problema con tales leyes, como tampoco  si sirvieran para proteger a la gente del fraude empresarial.

Lamentablemente, en el Ecuador y en otros rincones, incluido Estados Unidos y la Unión Europea, las leyes antimonopolio  han ido más lejos, allanando el camino para el estatismo y para la distorsión de la economía de mercado.

La Ley aprobada  por el Congreso ecuatoriano es un arma poderosa, al servicio de quienes detentan el poder, para intervenir en el pequeño y muy regulado mercado ecuatoriano.

Por principio, “jamás las circunstancias permiten que todos puedan competir en cualquier sector del mercado, sea el que fuere” (334). Si los consumidores son atendidos en sus necesidades insatisfechas por negocios existentes, el veredicto de ellos, los compradores, es suficiente para no se despilfarren recursos en nuevos negocios similares, a menos que la innovación empresarial sea tal que el nuevo empresario compita exitosamente con mejores productos.

La abundante legislación de  la revolución ciudadana está orientada a restringir las libertades individuales y a  destruir progresivamente el mercado.  El mensaje que trae la Constitución de Montecristi es claro. La economía social de mercado desapareció de la nomenclatura constitucional.

¿Quién, que no sea  socialista o capitalista mercantilista, puede estar convencido que  la Ley Antimonopolio tiene como finalidad que los ecuatorianos gocemos de más libertades económicas, de más competencia libre y, en definitiva, de más mercado?.

Más allá del debate legislativo, con la experiencia de la Ley Antimonopolio, la lucha verdadera debe librarse en el campo de las ideas, donde se impusieron las tesis propias del socialismo y del capitalismo mercantilista, que tanta atracción tiene en los empresarios beneficiarios de las prebendas estatales.

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