Esteban Torres, coordinador de la bancada del PSC, resaltó que la Asamblea Nacional debe abrirse a discutir temas como la inimputabilidad en los menores de edad, que hoy están siendo reclutados por las bandas para actuar como sicarios. Es un tema en el que la Asamblea Nacional puede contribuir en conjunto con el Ejecutivo, porque es el presidente de la República quien tendrá al final el veto en sus manos.

Sobre el porte de armas, Torres, dijo que ese tema es un clamor ciudadano. Explicó que no está prohibido el porte de armas en el Ecuador, pero hoy existe una serie de decisiones ministeriales y acuerdos que impiden que buenos ciudadanos, cumpliendo estrictos requisitos, puedan acceder a un medio de defensa que no solucionará el problema de inseguridad, pero que aportará especialmente en los hogares.

El presidente Lasso se comprometió, cunado era candidato a la Presidencia de la Republica en las elecciones del 2021 a apoyar la iniciativa Legislativa del asambleísta Esteban Torres Cobo y de LA6 para garantizar la tenencia y el porte regulados y controlados de armas de fuego de calibre bajo.

Lo dijo en un acto público, caso como un juramento. Sin embargo, han pasado mas de 15 meses, desde que asumió el poder, y nada ha hecho para honrar el compromiso público que permita que los ciudadanos, que no tengan antecedentes penales, adquieran armas de fuego, y puedan tenerlas y portarlas, bajo autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.  

Hasta ahora, lamentablemente, persiste la situación en la que se encuentra el país, desde el años 2007, cuando, mediante decretos presidenciales y acuerdos ministeriales, se prohibió la importancia de armas de fuego, así como la adquisición por parte de particulares y la tenencia y el porte con permisos.

En la actualidad, solamente pueden tener armas de fuego, aquellos que tenían armas antes del año 2007 o que las han comprado, ya usadas, a personas que tengan el permiso de tenencia. Por consiguiente, en la actualidad, los permisos de tenencia solamente se extienden a aquellos que tienen armas y no a nuevas personas.

Solo por excepción se ha permitido que algunos agricultores y ganaderos puedan tener permisos de tenencia y de porte, o que los que quieran tener y portar un arma se asocien a clubes de tiro y paguen las membresías. En la provincia de Tungurahua, por ejemplo, no existe ningún club de tiro. El mas cercano se encuentra en la ciudad de Riobamba. Esta realidad es la que existe en otras provincias y ciudades del pais.

El proyecto de ley del asambleísta Esteban Torres Cobo, propone que se vuelva a tener la situación jurídica anterior al 2007, cuando una persona podía comprar una arma de fuego, pistola o revolver, en lugares autorizados y para poder tener o portar legalmente este artefacto, se requiere la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, previo el cumplimiento de rigurosos requisitos. No se trata, en consecuencia, el proyecto de ley, de la libre tenencia y porte de armas, se trata de una tenencia y porte regulados y controlados.

Los delincuentes utilizan armas no registradas, adquiridas de contrabando y en el mercado negro. Consecuentemente, con el proyecto de ley de Torres podrán portar un arma únicamente las personas que cumplan un estricto y riguroso proceso, el cual será ampliamente manejado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.  

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Además, mostró su preocupación debido a que varios delincuentes de alta peligrosidad habrían llegado a la Cárcel de Ambato desde Guayaquil, estas declaraciones generan incertidumbre en la ciudadanía, pese a que no existe un pronunciamiento oficial sobre este particular.

El legislador Esteban Torres Cobo, manifestó su preocupación y anunció que solicitará información sobre este particular.

«He solicitado información al nuevo Comandante General de la Policía respecto del supuesto traslado de policías que cumplían funciones en Ambato y Tungurahua hacia la ciudad de Guayaquil. ¡Nuestra provincia no puede quedar desamparada ante la terrible delincuencia que también nos afecta!», añadió

Violencia en Guayaquil

La ola de violencia en Guayaquil no da tregua, pues en lo que va del año se registran 60 asesinatos en esta ciudad, siendo una de las más peligrosas seguida por Manabí y Los Ríos.  

Acciones

Debido a la creciente ola criminal en Guayaquil, el presidente Guillermo Lasso anunció que se incorporaran 1.100 Policías, como estrategia para frenar la inseguridad y la violencia que azota a esta ciudad.

Arribo de Policías

La mañana del martes 25 de enero de 2022 llegaron a Guayaquil 570 policías, de los 1.100 que el presidente, Guillermo Lasso, anunció que llegarían a Guayaquil. Con estos efectivos disponibles y operativos, la Policía Nacional planea una nueva estrategia de patrullajes, que se extenderán por toda la ciudad en función de la información estadística que ha recopilado esa entidad sobre las zonas más conflictivas de esta ciudad.

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Tres años y cuatro meses de prisión fue la sentencia que recibió el Policía Santiago Olmedo por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, cuando en junio de 2021 abatió a dos delincuentes que asaltaban a un menor de edad, en Riobamba.

Hechos

Los hechos ocurrieron el pasado 11 junio cuando el policía acudió a la escena de un asalto en la ciudad de Riobamba, mientras dos delincuentes armados intentaban agredir a un menor. El agente mató a los dos involucrados, por lo que fue acusado de extralimitación en el uso de la fuerza.

La ley

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 293, el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio se constituye cuando el servidor de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o seguridad penitenciaria “se extralimite en la ejecución de un acto del servicio, sin observar el uso progresivo o racional de la fuerza, en los casos que deba utilizarla y que como consecuencia de ello produzca lesiones a una persona será sancionado con pena privativa de libertad”.

Reacciones

Varias instituciones, colectivos Y representantes gubernamentales manifestaron su inconformidad con esta sentencia, la cual evidencia el favoritismo de las leyes con los infractores y la rigidez con la que se juzga al agente del orden, por cumplir con su deber.

Por su parte el presidente Guillermo Lasso, señaló que brindará todo el apoyo para el Policía Olmedo, quien solamente estaba cumpliendo con su trabajo de proteger la integridad de un ciudadano.

Según la defensa de Olmedo, apelarán la decisión del Tribunal. “Estamos convencidos de que actuamos bien, estamos convencidos de que se realizó un procedimiento correcto, producto de lo cual hoy tenemos con vida al menor de edad», añadió el abogado defensor.

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En el documento, que cuenta con 52 conclusiones y 72 recomendaciones, se determinó que la situación que atraviesa el sistema penitenciario del país «es una prioridad nacional» y debe ser tratada «sin evasión de responsabilidades».

Durante una entrevista en La Posta, el asambleísta por Tungurahua Esteban Torres aseguró que, existen varias opciones para contrarrestar esta crisis, iniciando por la implementación de una ley para que las fuerzas del orden realicen su trabajo con el apoyo integro de la justicia.

De igual forma el tema de indultos, para personas que no tienen ningún delito de carácter peligroso y finalmente, la implementación de un Habeas Corpus, para que varios reclusos que no estén considerados de alta peligrosidad, sean trasladados a otras cárceles con menor incidencia de casos de violencia.

El legislativo remitirá este informe a la Contraloría y Fiscalía General del Estado, con el fin de que inicien las investigaciones pertinentes. Asimismo, el documento será remitido a la Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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En primera instancia, este documento será remitido a la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, para su análisis, tramitación correspondiente y unificación con otros proyectos similares. Luego de este proceso, se trasladará un informe hacia el Pleno de la Asamblea Nacional, para su definición.    

Es importante informar que, esta reforma a la ley no solo se trata de armas de fuego, sino también de artefactos de defensa como los gas pimienta y armas eléctricas, que no son letales, pero que sirven para disuadir al delincuente y brindar mayor seguridad al ciudadano, señaló Torres.

A través de su cuenta de Twitter, el asambleísta invitó a la ciudadanía, a ser parte de este proyecto, a través de sugerencias, críticas y demás aportes que permitan que dicha ley sea más efectiva y que cumpla con las expectativas de los ecuatorianos.

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En el artículo 2 de este decreto, dispone la movilización de las Fuerzas Armadas en las provincias de El Oro, Guayas. Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Sucumbíos para complementar las funciones de la Policía Nacional.

En el resto de las provincias, la Comandancia General de la Policía Nacional coordinará acciones con las entidades públicas en territorio para reforzar la vigilancia y prevención del delito.

Según los datos recabados para este decreto Tungurahua esta fuera de las provincias que tienen incidencia delincuencial.  Sin embargo, la realidad de la provincia es otra, pues existe una alta percepción delincuencial sobre todo en la zona urbana de Ambato.

De igual forma los actos delictivos están a la orden del día en las zonas rurales, los cuales mantienen en zozobra a los habitantes que han tenido que organizarse para hacer justicia por mano propia.

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En el Ecuador el porte de armas ya está contemplado en la legislación desde hace 41 años como un trámite administrativo ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), pero desde hace 12 años quedó suspendido indefinidamente por cambios en su reglamentación.

Durante la ceremonia por los 201 años de la Independencia de Guayaquil, la alcaldesa Cynthia Viteri entregó el proyecto de Ley por la Vida y Protección Ciudadana al presidente Guillermo Lasso, que plantea entre otros puntos el libre porte de armas a los ciudadanos, luego de un riguroso examen hecho por el Ministerio de Defensa e insistió en su propuesta de que los “inocentes” porten armes para defenderse de la delincuencia.

Esta iniciativa ya fue presentada como proyecto por el asambleísta Esteban Torres en 2020, en dicho documento constan varias reformas a la ley actual, que imposibilita al ciudadano usar incluso un gas pimienta para defenderse. A pesar de que el proyecto cuenta con el apoyo de varios legisladores la Asamblea aún no lo ha tramitado.

“En la reforma a la Ley de Armas que presenté en diciembre del 2020, se norman y se establecen requisitos más estrictos que los de Estados Unidos y Europa. Mi proyecto es un compromiso con la seguridad para que ninguna autoridad vuelva a desarmar a la población”, destacó Torres a diario El Universo.

Ante la presentación de estos proyectos varios abogados, analistas y ciudadanos han manifestado sus posiciones a favor y en contra de este tema:

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Tungurahua cuenta con 332 cámaras para la video vigilancia, las cuales están colocadas alrededor de toda la provincia. En Ambato existen 45 cámaras móviles para colocarlas en puntos estratégicos y conflictivos.

Según un medio local, Cristina Montero, coordinadora Zonal 3 del ECU 911 indicó que con respecto al equipamiento se ha realizado la repotenciación para que los equipos puedan funcionar las 24 horas. “Tenemos equipos que están en mantenimiento porque están funcionando las 24 horas y cada cierto tiempo debemos dar mantenimiento”.

Asimismo, destacó que se realiza el mantenimiento durante todo el año y si hay cámaras que no están funcionando es porque justamente están en esta fase de mantenimiento, que corresponde al 3%.

Las autoridades de la provincia han solicitado la presentación de un informe sobre el funcionamiento y los requerimientos de la entidad, para gestionar acciones con el Gobierno Nacional, con el fin de apoyar la seguridad ciudadana.

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La Fiscalía informó que hasta el momento se ha realizado el levantamiento de 14 cadáveres de PPL y practica diligencias para las respectivas audiencias de flagrancia que se llevarán a cabo en las próximas horas. Además, indica que más de 65 PPL han sido recapturados.

En la cárcel de Guayas se reportaron 8 fallecidos, 16 heridos, 1 recapturado y 3 policías heridos. Mientras que en la cárcel de Cotopaxi se contabilizan 13 reos fallecidos y 54 heridos.

Otro hecho atroz se registró en la cárcel de Latacunga. Una agente de la Policía habría sido violada por uno de los privados de la libertad, que lidera el pabellón de máxima seguridad de dicho centro carcelario,

Según información de Diario Expreso, la sargento de la Policía Nacional de unos 40 años de edad, pertenecería al Grupo de Contingencia Penitenciaria en el centro de Centro de Privación de Libertad de Latacunga, durante los disturbios se encontraba en el filtro de máxima seguridad con otros compañeros.

En las cárceles del país se mantiene una alerta máxima, se trabaja en coordinación con el Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y las Gobernaciones, informó la SNAI.

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Aunque los centros de acopio tienen cámaras de seguridad, guardianía privada e inclusive motorizados policiales hacen rondas de vigilancia, parece que nada es suficiente para combatir los constantes robos.

Por su parte el comercio informal está dejando en la quiebra a los comerciantes de las plazas y mercados de estas zonas en las cuales los arrendatarios dicen que “sus ventas se mueren”, no solo a causa de la pandemia, sino también por la presencia de estas personas y por los actos delictivos que ocurren en los alrededores.

Controles con policías, motorizados, cámaras de video vigilancia, inclusive caballería que circulan durante el día, son las acciones implementadas por los uniformados, sin embargo, la presencia de extranjeros los semáforos no cesan.

Lamentablemente la autoridad ha perdido la batalla, pues las pocas acciones ejecutadas por las entidades de control no han logado frenar esta problemática, por el contrario, las estadísticas siguen aumentando y los principales afectados son los ambateños que temen pasar por estos lugares debido a la inseguridad existente.   

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Esteban Torres Asambleísta de Tiempo de Cambio por Tungurahua a través de su Twitter indicó: “Saludo que quienes fueron los responsables de la fuga del virus desde su laboratorio en Wuhan, como ya se comprobó, hoy al menos contribuyan vendiendo vacunas. ¡Y, además, condonar gran parte de la deuda pública que tenemos con ellos!”.

Varios representantes internacionales han tomado la misma postura del legislador ecuatoriano, inclusive Estados Unidos y varias Organizaciones Mundiales, están analizando la presentación de demandas por daños y prejuicios en contra de dicho laboratorio.

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Según Diario La Hora, los 20 hombres estaban disfrazados como futbolistas del equipo ficticio “Club El Cartel”. Llevaban puesta una camiseta de rayas negras y amarillas, con pantalonetas y pelotas de fútbol para simular una escena en caso de que la Policía Nacional los detuviera en un control vehicular. 

La veintena de delincuentes dirían que se dirigían a un entrenamiento ya que formaban parte de un equipo de fútbol. Es así como llevarían a cabo sus planes delictivos para atentar contra la vida y la propiedad privada. Según La Hora, pensaron que sus planes ocultos serían llevados a cabo sin problema. Sin embargo, no contaban con que la Policía Judicial (PJ) de Tungurahua les seguía el rastro, desde su llegada a la capital tungurahuense el sábado 27 de febrero. 

“Tuvimos conocimiento que la organización llegó a Ambato, y planificaron ingresar a algunos domicilios en Ficoa”, según el coronel William Ricardo Posso, comandante de Policía de la Zona 3. La banda delictiva estaba conformada por gente de Los Ríos, Guayas y Tungurahua. Se movilizaban en tres vehículos: una Chevrolet Blazer negra, un Chevrolet Esteem color vino y un Volkswagen Jetta rojo. 

Operativo policial “Gran Impacto”

En la madrugada del domingo 21 de febrero de 2021 los delincuentes ingresaron a dos viviendas de un conjunto en Ficoa. Habrían utilizado “patas de cabra” para forzar las puertas de ingreso. De acuerdo al Comandante de Policía de la Zona 3, el atraco estuvo bien planificado ya que los ladrones tenían inhibidores de señal para evitar que las víctimas llamen a pedir auxilio al ECU-911. 

A las 03:30, la Policía Nacional llegó hasta el lugar y encontraron a tres personas maniatadas en cada una de las dos casas. En las casas detuvieron a 15 delincuentes. Otros dos fueron capturados fuera del condominio, mientras hacían de “campaneros”. Otros tres mientras intentaban escapar en un vehículo. 

Los delincuentes portaban armas de fuego. En su poder se encontraron tres revólveres calibre 38, dos pistolas calibre nueve milímetros y una subametralladora industrial, además de 33 municiones y tres alimentadoras.

Detenidos

Según La Hora, la Policía Nacional señaló que todos son de nacionalidad ecuatoriana y que la mayoría tiene antecedentes penales. La banda se denominaría “El Cartel”. 

Los aprehendidos son: Marcelo M., de 31 años de edad, Cristian Ch, de 27 años, Alex F., de 28, Terry P., de 30, Julio G., de 40, Jimmy M., de 42, Segundo T., de 22, Agustín M., de 42, Edison M., de 42, Edgar M., de 41, Wilber I., de 31, Omar L., de 40, José E., de 31, Edisson E., de 30, Walter C., de 24, Gregorio M., de 41, Walter B., de 49, Dauglas A., de 35, Edgar V., de 39 y Marcelo R., de 50.

El Comandante de Policía hizo un llamado a las autoridades judiciales, “pedimos la colaboración de todo el aparataje de justicia para que se ponga en prisión preventiva a todos quienes fueron aprehendidos, en virtud de la peligrosidad que implican pues operaban con armas de fuego y también por la organización y planificación que manejaban”.

Debate sobre la tenencia de armas

Nuevamente revive el debate sobre la tenencia de armas en Ecuador. Fue el asambleísta electo por Tungurahua, Esteban Torres, quien el 3 de diciembre de 2020, envió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. La iniciativa fue aplaudida en ese entonces por el candidato presidencial por la alianza CREO – PSC, Guillermo Lasso, así como por el dirigente del PSC, Jaime Nebot.

Les invitamos a revisar esta nota informativa sobre la reforma al porte de armas, presentada por el asambleísta por Tungurahua, Esteban Torres.

«Mi proyecto es un compromiso con la seguridad para que ninguna autoridad vuelva a desarmar a la población”, señaló Torres.

Es fundamental que la actual Asamblea Nacional, o la siguiente, que se posesionará el 14 de mayo de 2021, apruebe esta propuesta de ley ya que es cuestionable que sean los delincuentes quienes posean las armas y no los ciudadanos, que indefensos, deben defender su vida y su propiedad privada. Si los ciudadanos comunes, luego de un exhaustivo proceso de revisión psicológica y legal, tuviesen el derecho a portar armas, los delincuentes pensarían dos veces antes de atentar contra la vida y la propiedad privada, principios básicos para una convivencia social adecuada, en tiempos en que la delincuencia actúa con fuerza, en el contexto de una fuerte crisis económica, acentuada por la pandemia.

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79 es la macabra cifra actualizada al 24 de febrero, de Personas Privadas de la Libertad (PPL), eufemismo para presos, que fallecieron el 23 de febrero de 2021 en cuatro cárceles de Ecuador: Turi (Cuenca); Latacunga; cárcel 1 y cárcel 4 de Guayaquil, a causa de amotinamientos producidos por enfrentamientos entre bandas rivales. Entre estas están los temibles Choneros, Los Lagartos, Los Lobos, Los Pipos y Los Chone Killers. 

Estos trágicos hechos tendrían que ver con disputas de poder tras la muerte de José Luis Zambrano, alias «Rasquiña», exlíder de Los Choneros, que tuvo lugar en diciembre de 2020.

Crónica de una trágica jornada

Lo ocurrido en las cuatro cárceles fue una auténtica carnicería. Los familiares de los casi 39.000 presos en Ecuador lloran al no saber con exactitud si sus parientes están dentro o fuera de la lista de fallecidos.

Lo cierto es que a las 09:00 hubo una alerta en las cárceles de Ecuador, que fue aumentando progresivamente con el transcurrir de la jornada. Los “Centros de Rehabilitación Social”, eufemismo utilizado para nombrar a las cárceles, de Turi (Cuenca, Azuay); Latacunga (Cotopaxi); y la regional y la penitenciaría de Guayas eran los principales focos de atención. Cabe recalcar que en la cárcel de Ambato no hubo inconveniente alguno. Para tranquilidad de los ciudadanos tungurahuenses, para el Gobierno Nacional “la cárcel de Ambato es ejemplo a replicar a nivel nacional del buen manejo de una prisión”. 

Testimonio anónimo de testigo que se encontraba fuera de la cárcel de Turi en Cuenca:

Los vídeos que ya están circulando por wa son terribles!!!!! pic.twitter.com/JQRN9F6HSb

— Karina (@SofikaVikinga2) February 23, 2021

El día transcurría con una creciente tensión, no solo por las alertas en las cárceles, sino también por la marcha indígena liderada por el excandidato presidencial de Pachakutik, Yaku (Carlos) Pérez Guartambel. Cuando las cámaras y micrófonos se centraban en la Av. 6 de Diciembre y Bosmediano en Quito, sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en donde el candidato presentaba 16.000 actas con “inconsistencias”, la realidad paralela era que en las cárceles del país se vivía un auténtico infierno al rojo vivo. 

Entrada la noche y con un visible rostro de preocupación, Edmundo Moncayo, Director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), otro largo eufemismo para el cargo de  “Director de las Cárceles”, anunciaba inicialmente que eran 68 los fallecidos en las cárceles del Ecuador. 

Sin embargo, poco antes de finalizar la rueda de prensa en el Salón Azul del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia del Ecuador, el director de las cárceles ecuatorianas recibió una actualización en su oído, por parte de la Secretaria General de Comunicación, Caridad Vela, con una cifra, a la baja, de fallecidos. 

Con una voz entrecortada y con “gallos y nudos” en la garganta, Moncayo dijo que en realidad habían muerto 21 reos en la cárcel regional de Guayaquil; 8 en Cotopaxi; y 33 en Turi, dando un total de 62 muertos. Hasta ese momento, se contaban 20 heridos. 

Sin embargo, horas después, la cifra nuevamente aumentaría, dando un total de 75 muertos. Se habían agregado siete muertos en la cárcel 4 de Guayaquil y seis en la cárcel 1. A primeras horas de la mañana del 24 de febrero, la cifra ascendió a 79 presos muertos. En la cárcel 4 de Guayas existía un total de 31 personas fallecidas; en la cárcel 1 de Guayas se contaban 6 muertos; en la de Turi un total de 34 fallecidos y en la de Latacunga 8 personas muertas.

Comunicado | Ante los hechos generados al interior de los centros penitenciarios el pasado martes 23 de febrero, el SNAI informa: pic.twitter.com/9FDSTOcX82

— Servicio Integral Ecuador (@SNAI_Ec) February 24, 2021

Hacinamiento y violencia

De acuerdo a Revista Vistazo, «aunque no es la primera vez que ocurren estos hechos, sí es la más sangrienta, pues reportes extraoficiales y videos que circulan en redes dan cuenta de la crudeza: hay cuerpos desmembrados, decapitados e incluso a algunos les sacaron el corazón».

Según este medio, en 2019 y 2020 «las disputas al interior de las cárceles ya dejaron escenas de cuerpos calcinados y cientos de armas decomisadas. El gobierno declaró el estado de excepción en dos ocasiones, pero la situación es incontrolable. Desde hace años los expertos han llamado la atención sobre las condiciones de hacinamiento de las cárceles en el país y el fallido sistema de rehabilitación, lo que hace difícil el control para las autoridades y la reinserción de los presos a la sociedad, una vez que cumplen su condena». 

De acuerdo al SNAI, la capacidad de los 63 centros penitenciarios de Ecuador es de 29 mil plazas, pero hay cerca de 39 mil presos, lo que provoca una sobrepoblación carcelaria o hacinamiento del 40%. Pese a que en 2019 el Estado amplió 1.667 plazas, la situación es degradante, según reportes de la Defensoría del Pueblo.

Además, según Vistazo, los centros penitenciarios donde hubo las decenas de fallecidos, son los que tienen las tasas más altas de hacinamiento. «Así Ecuador pasó de tener 100 presos por cada 100 mil habitantes a 342 en la actualidad, sin mejorar el sistema de rehabilitación. Más bien, las cárceles se han convertido en las guaridas de las bandas criminales», según el medio impreso.

Banalidad del mal

«No hay funcionarios fallecidos, pero sí tenemos policías heridos», aseguró Moncayo, tratando de dorar la píldora en una época en la que la banalidad del mal, como decía Hannah Arendt, es la regla. A eso sumemos la banalidad de la muerte, que desde los muertos y heridos en el paro indígena de octubre de 2019; pasando por los miles de fallecidos por la pandemia de Covid-19; el aumento de los suicidios; los asesinados por robarles un teléfono celular, y ahora, los 62 reos que cumplían condenas de causas variopintas, pero que finalmente las cumplían. Ellos nunca esperaron la muerte a pesar de haber cometido delitos, según la justicia ecuatoriana. Eran seres humanos que tenían derechos y no hay justificación para aquellos que dicen “bien merecida su muerte”. 

Impresionante. Se Suelta la adrenalina. Al piso carajo. La pacificación es necesaria. El gas revienta el ambiente cargado de violencia el GOE entró ahí donde el terror marcaba su reinado y a fuerza de empeño lograba contener la burda violencia desatada que dejó 39 muertos. pic.twitter.com/LWruRt4JEm

— Jonnathan Carrera (@jcarreraandrade) February 23, 2021

El asustado director carcelario también dijo que existen, al menos, 20 personas heridas. Tratando de deslindarse de la grave responsabilidad que acarrea su cargo, el funcionario dijo que los decesos se deberían a una disputa entre bandas delictivas al interior de las cárceles. Según Diario El Comercio “la hipótesis oficial es que los miembros de una organización criminal planificaron el asesinato de líderes de otras redes. Los líderes de alguna de las bandas se habrían enterado del atentado que iban a cometer sus enemigos y se adelantaron a los ataques”, según relata el diario capitalino.

Compleja labor la pacificación de las cárceles. El sistema controlado por reos denota la ineficacia de las autoridades carcelarias. Los muertos y heridos llegan a más de cien. 80 muertos algunos de ellos descuartizados y más de veinte heridos se contabilizan. pic.twitter.com/SM0m1MvXcZ

— Jonnathan Carrera (@jcarreraandrade) February 24, 2021

Ante este rojo panorama, el presidente de la República, Lenín Moreno, dijo que “en octubre de 2019, el correísmo contrató a criminales que se encontraban fuera de las cárceles para provocar los desmanes que se provocaron y poder distorsionar la legítima aspiración de los indígenas. No nos asombraría que también ahora la mano de ellos esté presente”, dijo el Jefe de Estado saliente.

Crece la indignación nacional

En redes sociales y en las calles existe una creciente tensión e indignación ante la grave y conmocionada situación del país. En redes como Twitter existen decenas de usuarios que expresan su indignación ante lo ocurrido en las cárceles, hecho que se suma a la incertidumbre electoral ante la segunda vuelta y las acusaciones de fraude. Recordemos que este proceso electoral está previsto para el 11 de abril, si no falla el calendario.

Otro hecho que suscita indignación es la poca información y la indolencia de un ministro de Salud que prefiere vacunar en primer lugar a su madre, antes que al resto de ecuatorianos, sobre todo quienes están en primera línea contra el Covid-19. Un cuestionado ministro que invitó a los rectores de las universidades a vacunarse, pero que recibió un no rotundo ya que le conminaron a que vacune al personal de salud de primera línea, que sigue muriendo por culpa del virus chino. 

Es hora que los ecuatorianos seamos muy críticos ante la grave situación de conmoción nacional. Estos y tantos otros hechos en los que se banaliza la muerte y el mal no pueden pasar desapercibidos. Es por ello que les invitamos a una vigilia permanente de los hechos noticiosos y que se sigan informando con Ambato News, el portal de la opinión crítica. 

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De los nueve eventos públicos clausurados, cinco fueron en Píllaro y se relacionaban con la  la Diablada Pillareña. También hubo un evento en Quero y en Mocha se clausuraron dos canchas deportivas que irrespetaban el aforo. En Santa Rosa se clausuraron y desalojaron dos fiestas clandestinas.

Diego Flores, intendente General de Policía de Tungurahua, indicó que a pesar de la situación crítica respecto a la pandemia del Covid-19, la comunidad continúa relajando las medidas de bioseguridad para contener la propagación de la pandemia en la provincia. 

Las cifras de los controles

Se ejecutaron 88 operativos y 114 controles. Específicamente en Ambato, se realizaron 

operativos para supervisar el buen uso de espacios públicos, brindar seguridad ciudadana y para evitar aglomeraciones en las que se puede propagar el Covid-19. 

Se realizaron controles en la Av. Bolivariana, Av. El Cóndor, Calle Segunda Constituyente, sector Mercado Mayorista, Ficoa, Ciudadela España, Centro, entre otros. Estos son algunos de los resultados: 

La Agencia de Orden y Control Ciudadano retiró a 280 comerciantes no regularizados y emitió 6 notificaciones por no usar la mascarilla en los espacios públicos. 

La Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio de Ambato, en conjunto con la Dirección de Cultura, Gobernación de Tungurahua y Policía Nacional visitaron 5 hostales, en los cuales se verificaron las normas de bioseguridad y la documentación en regla. Además se inspeccionaron 11 bares, de ellos, se desalojaron 2 por no contar con los planes de bioseguridad.

La Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad detuvo a 11 ciudadanos por conducir en  estado etílico. También emitió 4 citaciones adhesivas por estacionamiento en sitio no permitido y 13 citaciones por incumplimiento del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

La Gobernación de Tungurahua, a través de la Intendencia, realizó controles a 40 establecimientos en los distritos Norte y Sur de Ambato. 

La Policía Nacional retiró a cerca de 200 libadores de las calles, inspeccionó 5 pensiones, 10 bares y karaokes, suspendió un sitio por permitir el ingreso de personas sin cédula de identidad y decomisó 2 fundas con sustancias sujetas a fiscalización.

Un llamado a la conciencia

Para muchas personas, parece que la pandemia del Covid-19 ha terminado. Sin embargo, esto está lejos de suceder. La llegada de apenas 50.000 dosis de la vacuna contra el Covid-19, anunciada por el Ministerio de Salud Pública, deja más dudas que certezas. Esto alcanzaría para apenas 25.000 personas. Tampoco hay claridad sobre los efectos secundarios de la vacuna y sobre el nivel de protección de la misma. 

Por ello, es fundamental que la ciudadanía no acuda a reuniones clandestinas masivas, ya que se pone en serio riesgo la salud de los familiares vulnerables de quienes asisten, sin conciencia alguna, a este tipo de eventos masivos en los que no se respeta ninguna normativa de bioseguridad. 

Es imprescindible que la población tungurahuense y ecuatoriana en general, mantenga el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos frecuente. Recordemos que estamos a las puertas de un proceso electoral que convocará a millones de ecuatorianos a las urnas. Por eso, ahora más que nunca, es fundamental cuidarnos y cuidar al resto.

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Según la Corte Constitucional, el estado de excepción que contempla el Decreto 1217 está previsto para situaciones extraordinarias que no se pueden resolver a partir del sistema jurídico y de la institucionalidad ordinarios. 

A través de una cadena nacional emitida el domingo 3 de enero, Moreno dijo “nos corresponde acatar el dictamen de la Corte Constitucional”, además, aseguró que se continuarán aplicando las medidas de prevención a su alcance con el objetivo de salvar vidas.

El Jefe de Estado aseguró también que en las principales ciudades del país las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales se encuentran al límite; de igual manera mencionó que se contempla un incremento de contagios en enero, debido a las festividades. “Tenemos listo el plan de contingencia por si esto ocurre, pero esperamos que las medidas tomadas a tiempo den los resultados esperados”, señaló Moreno. 

Lenín Moreno hizo un llamado a los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales a que actúen alineados con los exhortos del COE nacional, y que tomen todas las acciones necesarias para evitar aglomeraciones. “La pandemia no ha sido superada y el esfuerzo conjunto es fundamental para contenerla”, expresó el presidente. 

El COE nacional ratificó que se mantendrán las medidas contra la pandemia aplicadas por el Gobierno por medio de los ministerios, si bien reconoció que la inconstitucionalidad del decreto 1217 dejó sin efecto el toque de queda y las restricciones vehiculares. @revistaPlanV pic.twitter.com/zLpBCAIBLg

— Fermín Antonio Vaca (@FerminVaca) January 3, 2021

Toque de queda, ley seca y movilidad

Con la declaratoria de inconstitucionalidad del estado de excepción, disposiciones como la ley seca, el toque de queda y las restricciones a la circulación vehicular ya no están vigentes desde el domingo 3 de enero de 2021 en adelante. 

Hasta ahora, los autos con placas terminadas en número par y 0 podían circular martes, jueves y sábado, además de este domingo 3; los impares podían hacerlo los lunes, miércoles y viernes. De esta manera, desde el lunes 4 de enero del 2021 todos los autos podrán circular sin excepción.

Quito será el único cantón que mantendrá la restricción vehicular bajo el sistema Hoy Circula (placas impares: lunes, miércoles y viernes; pares: martes, jueves y sábado; domingo, libre circulación).

La reducción de aforos y la modificación de horarios de atención en restaurantes y centros comerciales también se suspendieron.

Libre circulación las 24 horas en Ambato

De acuerdo a Cristian Zúñiga, secretario de Gestión Estratégica del Municipio de Ambato, “esta medida estará vigente hasta que se reúna el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal”. Una vez que las restricciones han finalizado, los ciudadanos podrán circular con sus vehículos sin importar el número de placa ni el horario.

¿Por qué la Corte Constitucional tardó 6 días para notificar que el estado de excepción es ‘inconstitucional’?

Diario El Comercio hizo una reseña sobre la tardanza de la Corte Constitucional en comunicar su decisión. La declaración sobre la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo se conoció la noche del sábado 2 de enero del 2021, pero el dictamen fue suscrito el 27 de diciembre del 2020. 

Es por ello que durante el feriado de fin de año y el inicio del 2021 se aplicaron restricciones contempladas como el cierre de playas, la movilidad vehicular por placas, la reducción de horarios en actividades comerciales, el toque de queda de 22:00 a 04:00. 

La Corte Constitucional señaló el domingo 3 de enero que una vez realizada la notificación a las partes sobre su sentencia, a través de la Secretaría General, se habilitó la publicación, la vigencia y la difusión del documento; es decir, el 2 de enero. 

En un comunicado, el máximo Tribunal aseguró que de “acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al tratarse de la suscripción de votos salvados, en este caso de dos jueces constitucionales, la notificación se efectuó de inmediato a la remisión y suscripción de estos, dentro del término de 10 días, a partir de la adopción de la decisión. Lo que corresponde al cumplimento de parámetros procedimentales propios de la materia constitucional”. 

Según la explicación de la Corte, ese proceso tiene entre otras fases: la presentación del proyecto de dictamen ante el Pleno, adopción de la decisión; votación, remisión de los votos salvados y/o concurrentes, en el término establecido por la ley (10 días), con el voto debidamente fundamentado. 

El Pleno de la Corte, que sesionó de manera extraordinaria el 27 de diciembre, con voto de mayoría, declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 1217 del 21 de diciembre “por concluir que no se adecuaba a las normas constitucionales”.

Acataremos lo resuelto por la @CorteConstEcu en cuanto al Estado de Excepción, porque es nuestra obligación. Junto al #COENacional y los organismos correspondientes, implementaremos medidas para contener los contagios. Tenemos un solo objetivo: salvar vidas. #YoMeCuido pic.twitter.com/0cqGiWfZA9

— Lenín Moreno (@Lenin) January 3, 2021

Inseguridad jurídica y comunicación inefectiva

Los constantes cambios en las reglas durante la pandemia han pasado factura a los ciudadanos, que se encuentran agobiados no solo por la pandemia, sino por una inseguridad jurídica y comunicación inefectiva permanente. 

El haber decretado el estado de excepción antes de Navidad significó millonarias pérdidas para miles de negocios a lo largo y ancho del país, que esperaban un repunte en sus ventas al finalizar un año marcado por la grave crisis económica que aqueja al país, debido a la pandemia del Covid-19. 

Asimismo, ante tantas restricciones, los ciudadanos se desanimaron a visitar a sus parientes y celebrar en familia la Navidad y el Año Nuevo. 

El Gobierno Nacional se ha caracterizado por un manejo nefasto de la comunicación durante sus casi cuatro años de administración. Los últimos hechos solamente reflejan una pequeña proporción de lo que han sido discursos contradictorios emitidos por el presidente Lenín Moreno y sus ministros o secretarios. También demuestran las rectificaciones, los mensajes mal comunicados, que solo han sembrado confusión y desinformación, así como una cadena de malos voceros, que han improvisado a la hora de comunicar. 

La inseguridad jurídica que provocan tantos cambios en los decretos, reglamentos, leyes y demás normativas ha hecho que el Ecuador pierda tiempo en interpretar lo que han implicado las decisiones del Ejecutivo. Igualmente, los pocos inversionistas, empresarios o emprendedores dispuestos a arriesgar su capital, implementarán sus planes de creación o expansión de negocio, ante la inestabilidad e inseguridad jurídica constante. 

Es muy complejo pedir al Gobierno Nacional que actúe acorde a las circunstancias y a lo que la historia y contexto actual le exigen. 

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El alcalde de la ciudad, Javier Altamirano, dijo que analizaron los pedidos de la ciudadanía y por eso modificaron la restricción, que antes iniciaba a las 21:00, para que ahora sea desde las 23:00 hasta las 05:00. De esta forma, los negocios podrán abrir hasta más tarde, beneficiando así a varios sectores que ven a diciembre como un mes para la reactivación económica. Los vehículos que circulen pasadas las 23:00 deberán portar un salvoconducto.

La municipalidad tomó estas medidas con el objetivo de reducir la transmisión del Covid-19, tratando de evitar aglomeraciones innecesarias en el espacio público principalmente. Sin embargo, al ver la presión de la ciudadanía por flexibilizar estas medidas en beneficio de la economía, se decidió modificarlas.

Otras medidas

El burgomaestre señaló que los bares, discotecas, karaokes y centros de tolerancia no podrán atender los días 24, 25, 31 de diciembre de 2020, así como el 1 de enero de 2021. Esta disposición incluye a las licoreras.

También se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en supermercados, minimercados, tiendas y otro tipo de negocios.

En los locales de venta de alimentos, restaurantes, cafeterías, jugueterías, supermercados, gimnasios, mercados y licoreras, el aforo se mantiene en el 30%. El alcalde ratificó que no están permitidos bailes temáticos y eventos de concentración masiva en Navidad y Fin de Año, tales como pases del Niño, novenas, concursos de años viejos, programas y reuniones barriales. Las ferias de fin de año también están prohibidas.

Por otro lado, el sistema financiero y los locales comerciales mantienen el aforo al 30% mientras que las farmacias al 50%.

En cuanto al tema turístico, las quintas recibirán por turnos entre 25 a 60 visitantes. Los museos mantienen el 30% de aforo.

Los lugares donde se realice toda actividad física que genere aglomeraciones en canchas de vóley, indor y sintéticas podrán funcionar con un máximo de 20 personas. Los parqueaderos públicos y privados seguirán habilitados al 100%.

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Lasso se refirió a varios temas de actualidad informativa. “Vamos a defender la dolarización, no vamos a permitir el incremento exagerado de impuestos en el país, y vamos a luchar para promover la inversión que genere empleo y facilite el emprendimiento para que haya dinero en el bolsillo de la familia ecuatoriana. A nosotros nos preocupa más la economía del padre y la madre de familia que la economía del gobierno”, manifestó el aspirante a la Presidencia por la alianza PSC y aliados – Creo. También habló del problema de la falta de agua en el sector rural de Tungurahua, entre los principales asuntos tratados.

«Vamos a defender la dolarización», señaló Lasso.

Asimismo, abordó la preocupación sobre la profunda crisis sanitaria que existe, debido a la pandemia del Covid-19. Anunció que su equipo de trabajo ya se encuentra haciendo los contactos con cuatro laboratorios fabricantes de la vacuna para que en su gobierno la provisión sea prioridad, pero a la vez reconoció que hoy en día es responsabilidad plena del actual Gobierno.

En la rueda de prensa también estuvieron los candidatos del movimiento Creo, así como los de la alianza Tiempo de Cambio – PSC. En este acto, el abogado Esteban Torres Cobo, aspirante a la Asamblea Nacional en representación de Tungurahua, dio la bienvenida a Guillermo Lasso y a su comitiva de candidatos, asegurando que “Lasso será el próximo presidente de la República”. 

Torres se refirió al tema de la seguridad ciudadana y su propuesta de reforma a la tenencia de armas como mecanismo de defensa ante la delincuencia. “Este es un proyecto de seguridad para los ecuatorianos y para los tungurahuenses, especialmente para los sectores alejados de las ciudades como los agricultores, los ganaderos, los camaroneros y una serie de personas que actualmente no tienen seguridad”, subrayó el asambleísta Torres. 

«La tenencia de armas es un proyecto de seguridad y será una realidad», dijo Torres.

Asimismo, señaló que su propuesta se enfrenta a la del candidato presidencial que quiere desdolarizar al Ecuador (Andrés Aráuz), “y que además quiere que sean solo los delincuentes sigan manteniendo las armas. Esta es una propuesta de cambio que además será una realidad, porque ya ha sido presentada”, manifestó Torres. 

Posteriormente, se desarrolló una larga caravana motorizada que recorrió gran parte de Ambato, junto a cientos de vehículos con banderas y distintivos de la Alianza Creo – PSC. Se escucharon consignas a favor de Guillermo Lasso y de los aspirantes a asambleístas provinciales. 

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De acuerdo al presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Fernando Flores (Creo), uno de los cambios más relevantes tiene que ver con la deportación de ciudadanos extranjeros que infrinjan la ley o sean considerados una amenaza o riesgo para la seguridad pública. El trámite será administrativo e individual. 

Según declaraciones recogidas por El Comercio, “el acto administrativo es un acto totalmente legal, siempre y cuando se respete el debido proceso, pero aún así el ciudadano que considere que se está vulnerando su derecho puede impugnar la decisión administrativa dentro del mismo sistema administrativo, y de ser el caso ir a instancias judiciales”, subrayó Flores. 

El legislador rechazó las críticas al proyecto por parte del bloque de la Revolución Ciudadana, que se abstuvo de votar con el argumento de que el texto atenta a los derechos humanos. 

“No podemos permitir que quien venga al Ecuador a delinquir y a generar el caos pretenda quedarse en nuestro país y obtener una permanencia permanente. Lo que están buscando ustedes es que podamos dar libertad a los delincuentes que soltó el señor (Nicolás) Maduro que se infiltraron dentro de los migrantes que vinieron huyendo de la dictadura en Venezuela”, agregó Flores. 

Causales para deportación 

El proyecto incluye nueve causales para la deportación de extranjeros: 

“Artículo 90. Sustitúyase el artículo 143 por el siguiente texto: “Art. 143.- Causales de deportación. Será deportada del territorio ecuatoriano la persona extranjera que incurra en cualquiera de las siguientes causales: 

1. Haya ingresado por un lugar no autorizado, salvo las personas sujetas a protección internacional; 

2. Proporcione, en cualquier tiempo, documentación fraudulenta o alterada y la exhiba ante cualquier autoridad pública sin perjuicio de la responsabilidad penal; 

3. No haya iniciado el proceso de regularización en el plazo dispuesto por esta Ley; 

4. Haya reincidido en el cometimiento de faltas migratorias; 

5. Haya recibido la revocatoria de su visa y haya incumplido con el plazo de salida del país; 

6. No haya cumplido con la notificación de salida del país en el plazo de treinta días; 

7. Sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura de Estado, según la información que dispongan las autoridades competentes, respecto a antecedentes en el cometimiento de delitos relacionados con la norma penal vigente; 

8. Haya recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por el cometimiento de un delito sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años de acuerdo con la legislación penal vigente; y, 

9. Haya sido sancionada por el cometimiento de alguna de las contravenciones contenidas en la legislación penal vigente por alterar y poner en riesgo la tranquilidad y la paz ciudadana, o alterar el orden público.

Antes de la aprobación del proyecto hubo un debate del que participaron 17 legisladores de distintos partidos. 

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Ambos actores políticos coinciden en que el derecho a portar armas es una de las acciones más importantes para contrarrestar a la ola delincuencial y de inseguridad, que se encuentra en un momento crítico. “Este proyecto cuenta con nuestro apoyo y el de nuestra bancada” aseguró Nebot. Asimismo, considera que una obligación del Gobierno Nacional es brindar seguridad a los ciudadanos y que esto se lleve a cabo a través de un trabajo interinstitucional coordinado.

«Mi proyecto es un compromiso con la seguridad para que ninguna autoridad vuelva a desarmar a la población”, señaló Torres. 

Encuentro por la seguridad con mujeres y agricultores

El viernes 4 de diciembre se llevará a cabo un encuentro con mujeres y agricultores en el centro parroquial de Montalvo en Tungurahua, a las 10:00. El objetivo es socializar una de las reformas a la normativa sobre la tenencia de armas, referente a permitir la tenencia y el porte de artefactos rociadores o aerosoles fabricados con base en el ingrediente activo capsaicina con fines de protección personal.

En este encuentro, Esteban Torres explicará la importancia de llevar a cabo esta reforma a la normativa referente a la tenencia de armas letales y no letales. Hace varios años, había la posibilidad de adquirir y utilizar los aerosoles de gas pimienta para repeler ataques a la integridad personal. El propósito es que las mujeres, los agricultores y cualquier persona pueda hacer uso de estos artefactos si su integridad es vulnerada por un delincuente. 

Esteban Torres ha manifestado que “mi proyecto es un compromiso con la seguridad para que ninguna autoridad vuelva a desarmar a la población”. 

Antecedentes

Es fundamental recordar que el derecho a tener y portar armas con autorización está consagrado  desde 1980, hace 40 años, en la Ley de Armas. Las Constituciones de 1979, 1998 y 2008 lo han reconocido implícitamente. 

Sin embargo, en 2009 la situación cambió cuando se suspendieron definitivamente los permisos de tenencia y porte. Es así como la ciudadanía quedó desarmada y la delincuencia bien armada. Actualmente, los delincuentes siguen armados, mientras los ciudadanos tienen obstáculos para conseguir permisos de tenencia y porte para utilizarlas en caso de que se cometan atentados a su integridad. 

Se calcula que entre 350.000 a 400.000 armas no están regularizadas en Ecuador. Solamente 150.000 armas están registradas, de las cuales la mayoría no se pueden utilizar por falta de permisos. 

Proyecto de Ley

Dicho proyecto contempla varias modificaciones a la normativa relativa a la tenencia de armas. En el Artículo 2 se prevé añadir el siguiente inciso al final del artículo 6 de la Ley existente: 

“Está permitida la tenencia y el porte de armas de fuego, traumáticas y de fogueo, que contemplen armas cortas, revólveres o pistolas de hasta treinta centímetros de longitud de cañón. Igualmente, está permitida la tenencia y el porte de artefactos fabricados con base en gases asfixiantes o lacrimógenos con fines de protección personal. Se encuentra prohibida la tenencia y porte de armas catalogadas como exclusivas para el uso y empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Está también prohibida la tenencia y el porte de artefactos fabricados con base en gases venenosos o paralizantes. De sustancias corrosivas, incendiarias, explosivas o de artefactos metálicos que, por explosión, producen esquirlas”. 

Por otro lado, se plantean los siguientes requisitos para quien desee obtener el permiso de tenencia y porte de armas: 

“Se autorizará la tenencia y el porte de armas de fuego para uso civil o particular a los ecuatorianos que cumplan los siguientes requisitos:

1. Ser ecuatoriano, mayor de edad, con residencia permanentemente en el Ecuador y plenamente capaz de ejercer sus derechos por sí mismo. 

2. Presentar, en original o en copia certificada, la factura o cualquier contrato o título que acredite el dominio sobre el arma de fuego.

3. Haber obtenido el certificado biométrico otorgado por profesionales acreditados.

4. Tener el certificado psicológico emitido por un Psicólogo acreditado.

5. Entregar el certificado de haber superado las pruebas de competencia y habilidad, con un mínimo de 40 horas de capacitación, otorgado por las unidades de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional o los clubes y organizaciones particulares de tiro acreditadas. En el caso de autorizaciones para tenencia, solamente se exigirá un certificado de suficiencia sobre el manejo y uso de armas de fuego, de al menos 16 horas, conferido por estos mismos centros. 

6. Ninguna persona con antecedentes penales podrá acceder al permiso.

En el plazo máximo de 15 días se deberá autorizar la tenencia o el porte de armas de fuego, o ambas, al ecuatoriano que haya cumplido los requisitos señalados en la ley, mediante la concesión de la licencia respectiva que contendrá el permiso solicitado”, señala el texto de reforma. 

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Esta decisión se ha tomado debido al alarmante incremento de las actividades delictivas en Ecuador. En el encuentro, el Jefe de Estado manifestó que “el Gobierno y la Policía tienen la obligación de dar una respuesta adecuada al momento que estamos atravesando”. A la sede del Ejecutivo también acudió el Comandante General de la Policía Nacional, Gral. Patricio Carrillo y la Jefa de Estado Mayor de la Policía Nacional, Gral. Tania Varela, entre otros funcionarios.

El ministro Pazmiño indicó que la coordinación de los Comités de Seguridad será parte de las acciones para combatir al delito y la violencia en el país. Los gobernadores están activando estas entidades en cada provincia. “Estos comités tienen una esencia, mirar la seguridad desde una visión estratégica y con corresponsabilidad. Para alcanzar la gran meta de la seguridad, todos los actores del sistema de justicia y de la sociedad tenemos que contribuir”, señaló el titular de la cartera de Gobierno. 

La primera ciudad donde se tomó esta decisión es Guayaquil, donde la alcaldesa Cynthia Viteri, junto a las autoridades nacionales, definieron la activación del Comité de Seguridad para coordinar acciones contra la delincuencia. Al Puerto Principal llegaron 500 policías adicionales para tareas preventivas y 150 agentes de unidades tácticas. 

Para el miércoles 2 de diciembre se prevé la activación del comité de seguridad en Quito. Pazmiño indicó que se contará con dos ejes de acción. El primero se enfocará en combatir la violencia, afectando a las estructuras criminales y aprovechando la inteligencia como instrumento de investigación. El segundo eje es respecto al delito y se trabajará con la Policía en la prevención, reacción y disuasión, con la finalidad de intervenir en territorios donde se cometen más delitos contra las personas o los bienes. 

El ministro indicó que se trabajará de forma coordinada con todas las instituciones involucradas, incluyendo a los gobiernos locales. “Los comités de seguridad son círculos virtuosos y continuos donde cada institución cumple su misión y posteriormente es evaluada con base a ciertos indicadores”, subrayó Pazmiño. 

Actuación de la justicia

Es fundamental que estas acciones vayan acompañadas de una depuración del sistema judicial en Ecuador. Los últimos hechos demuestran que la justicia, como tal, no funciona adecuadamente en el país. Los jueces y fiscales no se apegan a la Ley y liberan a los delincuentes apenas cometidos los delitos. 

Esto no puede seguir sucediendo ya que la ciudadanía exige que se respete su derecho a vivir en paz y con seguridad. Para ello es fundamental que el Consejo de la Judicatura sancione a los malos jueces y fiscales que liberan a los delincuentes que en muchas ocasiones han sido detenidos en flagrancia. 

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