Luego del resultado de la Consulta Popular, que fue mayoritariamente contrario a la convocatoria de una Constituyente que redacte un proyecto de nueva Constitución, los cambios parciales de la carta política no pueden estar fuera de las prioridades nacionales. No es que los ciudadanos ecuatorianos dijeran que no se haga cambio alguno a la Constitución; se expresaron en contra de la convocatoria a una Constituyente. Por ello, es indispensable que se promuevan modificaciones parciales a la Constitución por las dos vías que establece la ley fundamental: esto es, la enmienda o la reforma.
De optarse por cualquiera de estos dos caminos, lo idóneo sería que las reformas sean procesadas en la Asamblea Nacional, de tal modo que puedan pronunciarse los diferentes grupos políticos representados en el Parlamento. Dependiendo de la vía —si es enmienda o es reforma—, lo aprobado por la Asamblea Nacional debería someterse a la respectiva Consulta Popular.
Existen temas prioritarios que deben ser objeto de modificaciones; entre ellos, la regulación constitucional actual sobre la inversión extranjera en los sectores estratégicos. Se debería lograr que la inversión extranjera y privada no participe como excepción en estos sectores, sino como la regla general.
Sorprende que la inversión extranjera privada directa en Colombia y en Perú sea diez veces más alta que la del Ecuador. Uno de los grandes obstáculos es el texto constitucional de Montecristi, que levantó una barrera a la inversión privada extranjera en los sectores estratégicos.
Otro tema debería ser el establecer excepciones a la no prisión preventiva. Según la Constitución, la prisión preventiva es de última ratio; ello significa que debe dictarse la prisión preventiva por excepción y no por regla general. Está bien esta norma constitucional. Lo que está mal es que esta regla sea para todo tipo de delitos, cuando lo aconsejable es que la excepcionalidad de la prisión preventiva no se aplique, por ejemplo, a delitos relacionados con la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y tantos otros delitos que conmocionan a la sociedad.
Existen varias reformas que han sido anunciadas por expertos y grupos políticos y que deberían ser debidamente consideradas, especialmente por el Gobierno Nacional, que en esta materia tiene la iniciativa y la gran posibilidad de activar el proceso de transformación parcial de la Constitución.
