Por: Luis Fernando Torres
El sistema de jubilaciones en el Ecuador, al igual que la mayoría de países latinoamericanos y europeos, fue diseñado con el modelo de solidaridad, esto es, con los aportes de todos los afiliados a un fondo común de reparto, por lo que estaba destinado a ser insostenible. El 2001 se reformó la Ley de la Seguridad Social y se incorporó la opción, especialmente para los nuevos afiliados, de optar entre un sistema de capitalización personal y el de solidaridad. El 2004, una mayoría ideológica de jueces del Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las reformas y excluyó esa opción del sistema ecuatoriano. De nada sirvieron las experiencias positivas de Chile y otros países con capitalizaciones privadas para evitar que esos jueces estatistas condenaran, especialmente a los jóvenes, a aportar únicamente al fondo común de reparto.
Actualmente, entre cuatro y cinco afiliados activos sostienen a un jubilado en el Ecuador, cuando lo que se necesita es de, al menos, ocho afiliados. El 2026 se destinará al pago de jubilaciones la suma aproximada de 7.500 millones de dólares. Los afiliados activos aportarán alrededor de 3.400 millones. El Estado, obligado a cubrir el 40%, en otras palabras, a subsidiar, asumirá unos 2.800 millones. El resto, aproximadamente, 1.300 millones se obtendrá de los 5.000 millones de inversiones del IESS. El problema crítico del fondo de pensiones no es, por el momento, de liquidez sino financiero. Es cierto que el Estado le debe al IESS una suma exorbitante, muy superior al monto de inversiones. La expectativa lógica es que esa acreencia le sirva al IESS para evitar la iliquidez del fondo, por un cierto tiempo.
Sin contar con el cobro de esa deuda, al ritmo que se proyectan los desembolsos anuales a los jubilados, el fondo de pensiones podría tener un serio problema de liquidez entre tres y cinco años. Para que esto no ocurra se requieren algunos cambios posibles, no necesariamente traumáticos. Alemania y Dinamarca están realizando importantes transformaciones positivas a la seguridad social. Colombia, en cambio, está en medio de una batalla judicial por la medida populista de Petro de trasladar las aportaciones personales y privadas al sistema de reparto. El Consejo de Estado tuvo que bloquear el decreto presidencial. En el Ecuador, los errores y olvidos de gobiernos anteriores, unos que desfinanciaron premeditadamente a la seguridad social y otros que nada hicieron para financiarla, han trasladado el problema del fondo de pensiones al actual gobierno. Lo que da alguna tranquilidad es que el actual cuerpo directivo del IESS conoce el problema y es muy competente para hacer lo que corresponda.
