Por: Álvaro E. Sánchez Solís
La justicia en Ecuador agoniza. Los ciudadanos la perciben no como un pilar del Estado de derecho, sino como un laberinto costoso, lento e impredecible donde la influencia o el poder suelen pesar más que las pruebas. Esta percepción no es antojadiza: se alimenta de expedientes que tardan años en resolverse, de cárceles hacinadas con procesados sin sentencia y de fallos que generan escándalo por sus insultantes razonamientos contrarios a derecho. Una reforma estructural ya no es una opción deseable, sino una necesidad de supervivencia institucional.
El primer gran problema radica en la lentitud crónica. Miles de causas se acumulan en los despachos judiciales mientras las víctimas esperan justicia. Esta demora erosiona la credibilidad del sistema y fomenta la automedicación violenta: la justicia por mano propia crece cuando el Estado judicial se ausenta. Ecuador no puede permitirse seguir siendo un país donde resolver un conflicto civil o penal sea un ejercicio de paciencia que pocos pueden costear. Además, la citación en procesos judiciales y la demora en la tramitación de casos en la jurisdicción contencioso administrativa son asuntos que se deben abordar, pues se han convertido en auténticos calvarios dignos de la obra “El Proceso” de Kafka.
La reforma debe ser integral. Es imprescindible modernizar los procesos mediante la digitalización real y obligatoria, que elimine trámites presenciales inútiles y reduzca la discrecionalidad. Esto, además, tomando en cuenta que el “expediente digital” es una promesa que ya lleva años sin cumplirse, pese a que se han dado algunos pasos.
Se deben revisar los mecanismos de selección, evaluación y destitución de jueces y fiscales, priorizando la meritocracia, la transparencia y la rendición de cuentas periódica. Además, urge fortalecer la mediación y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para descongestionar los tribunales.
Sin embargo, ninguna reforma técnica prosperará si no va acompañada de un cambio cultural profundo. Los operadores de justicia deben recuperar el sentido de servicio público y los ciudadanos deben volver a creer que la ley protege por igual al poderoso y al vulnerable.
Ecuador necesita una justicia rápida e independiente. Sin ella, la democracia se vacía de contenido y la convivencia social se vuelve precaria. El momento de actuar es ahora, antes de que la desconfianza se convierta en rechazo irreversible a la Función Judicial.
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