La denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres ante la Contraloría, ya tiene sus primeros resultados, pues según un informe de la institución, en la Embajada de Ecuador en España se suscribieron contratos por USD 1.3 millones sin estudios y parámetros que garanticen la experiencia de las compañías seleccionadas.
El organismo de control examinó la contratación, pagos y resultados de los servicios de asistencia legal y psicosocial, en la Embajada de Ecuador en España entre enero de 2015 y septiembre de 2021.
El informe de la Contraloría señala que no se elaboraron términos de referencia con el detalle de las necesidades específicas a ser cubiertas, características de los servicios, los requisitos y parámetros que garanticen la experiencia y capacidad técnica de los contratistas para cumplir las obligaciones contractuales. Estas condiciones eran necesarias para establecer el presupuesto referencial y la idoneidad de las empresas.
Entre 2015 y 2021, la Embajada realizó pagos sin sustento por gastos administrativos a las empresas Mi País Consultores S.L., Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU e Intercon Iberoamericana SLU, que ascendieron a USD 1’305.714. Auditoría señala que los funcionarios de la misión diplomática no requirieron facturas que demuestren el desglose de los gastos.
Frente a estas irregularidades, los auditores sugirieron la imposición de responsabilidades civiles y administrativas para los funcionarios que actuaron en el periodo examinado (enero de 2015 a septiembre de 2021), entre los cuales figuran exembajadores, ex encargados de negocios, los administradores de los contratos, agregados, coordinadores y directores financieros.
Antecedentes
El 13 de agosto de 2021, el Grupo Parlamentario Vox difundió en un documento de tres páginas, una declaración de Pascual del Cioppo, entonces embajador de Ecuador en España, quien confirmaba la existencia de contratos entre el gobierno ecuatoriano y el partido político Podemos.
Tras estas declaraciones el Asambleísta Estaban Torres Cobo, presentó ante la Contraloría su denuncia, para que esta entidad proceda con la investigación, misma que luego de casi 8 meses está mostrando sus primeros resultados.
