De cobradores a deudores, pasaron los directivos de la empresa concesionada con el contrato de los fotorradares en Ambato por incumplimiento a una sentencia constitucional, al no presentar la debida autorización para publicar las multas del noveno fotorradar en el sistema de tránsito.
Robinson Loaiza concejal de Ambato, dio a conocer que el juez sancionó a la compañía de fotorradares por incumplir con la entrega de información, por lo que el juez constitucional a dispuesto remitir los antecedentes necesarios al fiscal de garantías constitucionales del cantón Ambato, para iniciar un proceso de investigación al gerente general, por presunto delito de incumplimiento de orden competente.
Este polémico contrato, que se ha mantenido por 3 administraciones, solo ha causado malestar ciudadano y grandes ganancias para la empresa concesionada que de preventiva no tiene nada, simplemente una bandera de abuso para con los bolsillos de los ambateños y ecuatorianos, destacó el edil.
La concejal María José López, señaló que por parte de la administración municipal de Ambato aún no existe una respuesta clara y contundente con respecto al proceso de devolución y eliminación de multas generadas en los sensores 5 y 9 de la Av. Bolivariana, que fueron colocados de forma fraudulenta, como lo demuestra la sentencia constitucional.
Aun teniendo una sentencia favorable, es penoso que los ciudadanos, no puedan tramitar su matrícula vehicular a tiempo, las perdonas merecen respuestas oportunas y prácticas, agregó López.
