Con 100 votos afirmativos se aprobó la derogatoria de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia COVID-19. En el debate intervinieron 9 legisladores, quienes resaltaron los perjuicios económicos al sector microempresarial y productivo del pais.
Esta Ley fue promovida por el Gobierno Nacional y entró en vigencia desde el 29 de noviembre de 2021, después de que la Asamblea no lograra pronunciarse ni a favor ni en contra del proyecto presidencial, dando paso así a su aprobación por defecto.
El suplemento fiscal era requerido para aumentar la recaudación del Estado, como parte del programa crediticio que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por valor de 6.500 millones de dólares, y que culmina a final de año.
Intervenciones en Pleno
El jefe de la Bancada de LA6 y aliados destacó que sus compañeros se mantendrán coherentes en su votación y que apoyaran la derogación de esta ley, que no debió aplicarse ni ser impuesta a la sociedad ecuatoriana en un principio.
De igual forma, señaló que los impuestos establecidos y cobrados no se reflejan en el desarrollo del país, pues existen grandes falencias en cuanto a la inversión publica en bienestar, salud, educación y sobre todo en seguridad. “Estos impuesto solo han servido para engordar las billeteras de los pipones de Petro Ecuador”, agregó.
Al igual que Torres, todos los legisladores que intervinieron en el Pleno de la Asamblea Nacional, argumentaron que esta Ley no ha sido útil como herramienta para generar estabilidad económica en el país y que, por el contrario, ha significado una grave afectación a los productores y a las familias ecuatorianas.
Veto presidencial
El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, adelantó que Lasso vetará la derogatoria de la reforma tributaria «por inconstitucional y demagógica», al señalar que «los proyectos de ley en materia fiscal sólo puede presentarlos el presidente (artículo 135 de la Constitución)».
El texto de la derogatoria se enviará al Ejecutivo para que, en un plazo de 30 días, presente sus observaciones. En caso de un veto total, el Legislativo podrá volverlo a tratar en una sola votación después de un año.
