En condiciones normales de paz, orden y convivencia ciudadana civilizada, la democracia no requiere que se refuerce el poder, dado que los enemigos del orden y de las libertades no existen o, simplemente, están contenidos y arrinconados. Las autoridades y los órganos de poder carecen de justificación para inflarse de competencias y poderes. Por el contrario, se convierten en presas de los controles institucionales y ciudadanos. La democracia funciona sin sobresaltos, con independencia y separación de poderes y derechos garantizados.
Es distinta la situación del poder en condiciones extraordinarias, cuando el crimen organizado y la delincuencia común desbordan a las fuerzas institucionales del orden y provocan tanta zozobra que ningún ciudadano se siente seguro y libre. El poder deben necesariamente reforzarse para proteger a los buenos ciudadanos y garantizar el orden y la paz. La república democrática , como se la conoce, es la primera en tambalear por el movimiento sísmico de sus pilares fundacionales. Inclusive, los mismos ciudadanos se fastidian, con los nuevos controles a los que son sometidos. La gran pregunta es muy simple: ¿hasta dónde debe legítimamente reforzarse el poder ?
Las recientes leyes de Solidaridad e Inteligencia, aprobadas en un momento extraordinario, en el que está en juego el orden público y la seguridad de los ciudadanos por la ola de violencia, son caminos para que desde el poder se combata con eficacia a la criminalidad. Que algún operador institucional aproveche las normas para ir más allá de lo permitido, es probable. Ocurrió en España en la legítima lucha contra la guerrilla de ETA. También en Colombia y en Perú en la guerra contra Tiro Fijo y sus compadres y contra Sendero Luminoso. Y ha sucedido en otros países más. Es el riesgo latente en situaciones extraordinarias.
Del necesario y legítimo reforzamiento del poder político, en otros países del orbe, distintos del nuestro, se ha pasado a la pulsión autoritaria, con gobernantes que no rinden cuentas, gobiernan sin presupuestos aprobados por los parlamentos, persiguen a los buenos ciudadanos y no a los integrantes del crimen organizado. Se está generalizando, gracias a las convulsiones de todo tipo, incluidas las guerras arancelarias y la caza de migrantes, esa inclinación a convertir la democracia constitucional en democracia autoritaria.
