Por: Luis Fernando Torres
El exPresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, fue procesado y sentenciado, y esta semana ingresó a la histórica prisión de la Santé para cumplir la pena de cinco años por financiamiento ilegal de su campaña electoral del 2007. Por su parte, el exPresidente Álvaro Uribe fue declarado inocente, por un tribunal superior de alzada, esta misma semana, del delito de fraude procesal y soborno de testigos, bajo el cual una juez de instancia le condenó a doce años de prisión domiciliaria. Ambos ex mandatarios fueron procesados durante más de una década, antes de ser declarados culpables y, en el caso de Uribe, inocente, a la espera, eso sí, del eventual pronunciamiento judicial en casación. Sus adversarios los llevaron a los tribunales de justicia, les acorralaron y lograron que les sentenciaran. De nada les sirvió, al final, la condición de haber sido presidentes de la República. En el caso de Sarkozy, la financiación ilegal fue anterior a la su elección. En el de Uribe, los delitos que le imputaron ocurrieron después de su presidencia, cuando era senador.
En Francia y en Colombia, los exPresidentes están más expuestos que otros, en su misma calidad, a procesamientos penales, al igual que en el Ecuador, donde es suficiente que el Legislativo autorice el enjuiciamiento, cuando están en funciones, o, simplemente, no se pronuncie ante el pedido del respectivo juez, para que los exPresidentes y vicepresidentes sean procesados y condenados. Han pasado por ese trance de ser procesados y, en algunos casos, también condenados, desde el año 2000, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Jamil Mahuad, Fabián Alarcón, Rafael Correa, Jorge Glas, Lenin Moreno. En algunos casos fueron juzgados, después de haber sido presidentes, por supuestas infracciones penales cometidas en cargos anteriores, como ocurrió con Alarcón. En los demás casos, les imputaron delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos de Presidente o Vicepresidente. En el Perú, el deporte nacional es el procesamiento y el encarcelamiento de los exPresidentes. Uno se suicidó para no vivir esa experiencia.
En Estados Unidos les exponen menos a sus exPresidentes. Son inmunes ante la justicia por el ejercicio de sus poderes ejecutivos esenciales. Si llegaran a cometer delitos por asuntos relacionados con la seguridad nacional, la inteligencia y el espionaje, y la política internacional, nunca serían procesados o juzgados. En el ejercicio de otros poderes ejecutivos la inmunidad se presume. En España, no se conoce casos de exPresidentes del gobierno procesados y sentenciados, menos aún confinados en una cárcel.
Habría que evaluar si es conveniente que los exPresidentes queden tan expuestos a procesamientos penales y condenas o que tengan algún escudo jurídico parecido al establecido en Estados Unidos.
