Por: Álvaro E. Sánchez Solís
Hace unos días, el Concejo Cantonal de Guayaquil rechazó la remoción del alcalde Aquiles Álvarez, quien desde hace varios meses permanece recluido en la Cárcel del Encuentro. Álvarez se encuentra bajo prisión preventiva por haberse retirado el grillete electrónico que le fue impuesto en el caso “Triple A”.
Hace algún tiempo escribí en este mismo espacio sobre lo vergonzoso que resulta que un alcalde o un prefecto porte un dispositivo de vigilancia electrónica. Ese artefacto no es un accesorio de moda: simboliza la presunta comisión de un delito. Por elemental decencia, quien se encuentra en esa situación debería renunciar para dedicarse plenamente a su defensa, sin arrastrar a la institución que representa al fango de las sospechas judiciales.
Hoy, sin embargo, la realidad ha superado cualquier pronóstico. No solo tenemos un alcalde procesado y privado de libertad, sino que el Concejo Municipal ha decidido, de manera expresa, que Guayaquil continúe siendo gobernada por un reo. Se trata de una decisión que roza lo indigno y que revela hasta qué punto la política local ha descendido en el pozo de la inmoralidad.
La ciudad que alguna vez se enorgulleció de tener en el sillón de Olmedo a figuras de la talla de León Febres-Cordero o Francisco Huerta Montalvo hoy carga con la humillación de ratificar como máxima autoridad a una persona que enfrenta graves cargos penales. Ya no se trata solo de un problema legal individual; es un problema ético colectivo. ¿Qué mensaje enviamos a los guayaquileños, especialmente a los jóvenes, cuando normalizamos que la principal autoridad municipal administre la ciudad desde una celda? ¿Cómo podemos exigir transparencia, eficiencia y honestidad a los servidores públicos cuando la cúspide del poder local se encuentra comprometida?
La política ecuatoriana parece haber perdido el sentido del pudor. Se confunde lealtad partidista con complicidad y se anteponen intereses de grupo a la dignidad de la ciudad. Los concejales que votaron en contra de la remoción tendrán que cargar con la responsabilidad histórica de esta decisión. Guayaquil merece mucho más que ser recordada como la ciudad que prefirió la fidelidad política antes que el decoro institucional.
Es hora de que la ciudadanía exija estándares éticos más altos. Un alcalde en prisión preventiva no puede continuar en un cargo tan alto. Guayaquil, puerto principal del país y motor económico de Ecuador, requiere un liderazgo pleno, visible y dedicado.
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