Diferentes posiciones de los asambleístas de Tungurahua: unos a favor y otros en contra
Por concepto de bienes inmuebles se paga anualmente a los municipios el impuesto predial al que se le suman contribuciones especiales por mejoras, y, cuando no se ha construido, el recargo por solar no edificado, además de multas por falta de cerramiento.
A esos valores que se pagan anualmente se sumaría el nuevo impuesto del 2% al valor catastral de los inmuebles. Esto como parte del “Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario Para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19”. Este proyecto lo elabora la Comisión de Desarrollo Económico, liderada por Esteban Albornoz (RC), también proponente de la Ley. La idea de cobrar este impuesto la realizó Guillermo Celi, de Suma, quien planteó que “se agregue la contribución del 2% a los bienes inmuebles que tienen las sociedades en paraísos fiscales, para atender las necesidades de la clase pobre y media”.
Artículo 5
Sin embargo, en aquel artículo se propone ampliar la base de cobro, dejando el texto de la siguiente manera:
“Contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capitales existentes en el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones del exterior.-
Se establece por una sola vez la contribución humanitaria del 2% del avalúo catastral del año 2020, sobre todos los bienes inmuebles existentes en Ecuador; y, sobre el valor patrimonial proporcional de los derechos representativos de capital de sociedades residentes en el Ecuador, en la parte que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, pertenezcan de manera directa a una sociedad residente en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición o no se conozca su residencia”.
El Proyecto de Ley fue aprobado por 8 votos afirmativos de los asambleístas:
-Esteban Albornoz Vintimilla
-Homero Castanier Jaramillo
-Rubén Bustamante Monteros
-Fernando Burbano Montenegro
-Fernando Callejas Barona
-Mariano Zambrano Vera
-María Mercedes Cuesta
-Elizabeth Cabezas
Abstención:
-Guillermo Celi Santos
-Carmen Rivadeneira Bustos
-César Rohon Hervas
-Doris Soliz Carrión
-Mauricio Zambrano
El 27 de abril de 2020, se aprobó este nuevo impuesto.
Apoyo dividido
Dado que el informe de la Comisión es para primer debate, existe la esperanza que, en el trámite del segundo debate, no sea aprobado. Esto después de las duras críticas hechas a ese nuevo impuesto, en el primer debate, por asambleístas de las bancadas independientes, PSC, Tiempo de Cambio de Tungurahua y Correísmo.
El asambleísta por Tungurahua, Fernando Callejas, quien votó a favor del informe de primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario, defendió el contenido del Art. 5, al igual que el Presidente de la Comisión, el asambleísta Esteban Albornoz.
Por otro lado, el asambleísta de Tungurahua, Esteban Torres Cobo, de la Comisión de Justicia, criticó duramente la creación de nuevos impuestos cuando los propietarios de inmuebles, sean personas naturales o jurídicas, no están percibiendo ingresos. En igual sentido se pronunció la asambleísta Villalva, integrante de la Comisión De Régimen Económico, quien se opone a la creación de nuevos impuestos.
El impacto del nuevo impuesto del 2% sería muy alto sobre la liquidez de los ecuatorianos. Por una casa relativamente nueva en un sector residencial, valorada en USD 70.000, se paga actualmente un impuesto predial de entre USD 150 a 200, al año. Con el nuevo impuesto se pagaría, además de esos valores, USD 1.400.
Es imperativo que no se siga sacando el escaso dinero del bolsillo de los ecuatorianos. La situación económica es lo suficientemente grave (recesión, mayor desempleo, quiebras de empresas), como para que se pretenda gravar con este y otros impuestos a los ecuatorianos, quienes una vez más deben “rescatar” al Estado obeso e irresponsable con los recursos del país. Ya lo sufrimos en carne propia durante el terremoto, donde existen varios procesos judiciales abiertos por la corrupción que existió. Ahora, nuevamente se pretende que el ciudadano común, sin liquidez en sus finanzas, tenga que pagar al Gobierno Nacional para supuestamente solventar la crisis sanitaria y apoyar a la reactivación económica.
