El pasado 27 de junio, un hecho estremeció a la Sierra Centro del Ecuador: Raúl Vayas, conocido presidente de las Juntas del Campesinado de Quero y reconocido por su experiencia en la defensa de la seguridad comunitaria, fue brutalmente linchado en Guamote. Todo comenzó cuando al menos 12 mil indígenas, miembros del Parlamento Indígena de Guamote, retuvieron a un hombre al que acusaban de abigeato, es decir, robo de ganado. Los comuneros, tras localizar parte de los animales robados, armas y joyas en el sector San Andrés, Los Langos, cantón Guano, decidieron trasladar al sospechoso hasta Guamote para aplicar la justicia indígena, amparados en el artículo 171 de la Constitución.
En medio de la tensión, Raúl Vayas llegó al lugar con la intención de mediar el conflicto y evitar una escalada de violencia. Sin embargo, la situación se salió de control: lejos de aplicar la justicia indígena tradicional, los comuneros, enardecidos y cansados de la inseguridad y los constantes robos de ganado, terminaron linchando a Vayas e incluso intentaron quemarlo vivo. Aunque las razones exactas de esta reacción radical aún no están claras, fuentes cercanas informaron que Vayas sobrevivió al ataque y actualmente se encuentra estable, aunque con múltiples lesiones y quemaduras de primer grado. Por seguridad, la ubicación del centro de salud donde recibe atención se mantiene en reserva.
Este caso ha polarizado a la comunidad. Por un lado, los familiares de Raúl Vayas exigen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de la agresión. Por otro, los comuneros afectados defienden su accionar, argumentando que la falta de respuestas ante la inseguridad los llevó a actuar por su cuenta. El linchamiento de Vayas reabre el debate sobre los límites y alcances de la justicia indígena, la violencia colectiva y la urgente necesidad de fortalecer el Estado de derecho en las zonas rurales. La tragedia de Guamote es un llamado de atención: la inseguridad y la desconfianza en las instituciones pueden desembocar en hechos lamentables que ponen en riesgo la convivencia y los derechos fundamentales de todos.
