Ecuador entró este 6 de octubre en su tercera semana de protestas contra el presidente Daniel Noboa por el alza del precio del diésel, en medio de alertas por la posible toma de la capital, Quito, por parte del movimiento indígena.
Los manifestantes mantienen cerradas nueve carreteras de tres de las veinticuatro provincias, la mayoría en la norteña Imbabura, que ha sido durante estos 15 días el epicentro de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que se han saldado con un fallecido, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.
Sin embargo, Noboa ha reiterado que no va a negociar la medida, ya que considera que el subsidio al diésel no ha ayudado a los más pobres, sino que ha favorecido al contrabando y a la minería ilegal.
El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, calificó esa postura como “prepotente” y le dijo al mandatario que al movimiento indígena se le iba a “acabar la paciencia”.
“Cuidado. La CONAIE y sus estructuras está en capacidad de tomar decisiones. Si hay que ir a radicalizar, vamos a radicalizar el paro nacional. Y si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a tomarnos”, aseguró el líder indígena la noche del viernes.
Ante esa amenaza, Noboa declaró el sábado un nuevo estado de excepción en diez provincias del país, entre ellas Pichincha, cuya capital es Quito, que se sumaron a otras dos en la que esta medida ya estaba vigente.
En todas se suspendió el derecho a la libertad de reunión, que implica que durante las veinticuatro horas estará limitada la conformación de aglomeraciones en espacios públicos con el objetivo de paralizar los servicios.
El presidente Noboa respondió el domingo que nadie podía “tomarse por la fuerza la capital” y que a los que elijan la violencia “los espera la ley”, y anunció que para “impulsar” la economía se adelantaría el pago del bono navideño a los empleados públicos al 14 de noviembre, dos días antes del referéndum en el que, entre otros temas, se votará sobre la instauración de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución.
Fuente: Teleamazonas
