Por: Luis Fernando Torres
Si con el asalto a la Bastilla se desencadenó la revolución francesa, con la reciente quema de ayuntamientos y la destrucción de históricos monumentos en París y otras ciudades galas, se ha fracturado completamente el país, abriéndose la posibilidad que la señora Le Pen, a cuyo partido de extrema derecha se la han cerrado las puertas del poder en el último minuto, gobierne e imponga una visión para recuperar el orden.
Lo ocurrido en Francia recuerda lo sucedido en Ecuador con los violentos levantamientos indígenas, uno de los cuales inmovilizó a Quito y sirvió de escenario para el incendio de la Contraloría, con la ayuda de infiltrados de la peor calaña. Y otro más reciente en el que se destruyeron infraestructuras en Imbabura, con la participación tenebrosa de los usufructuarios de la minería ilegal.
La protesta francesa tuvo como bandera el reclamo de los jóvenes sobre sus oportunidades de estudio y trabajo. Hubo miles de jóvenes involucrados en los desmanes, con la ira propia de la frustración y la insatisfacción, a pesar de corresponder tan sólo al 10% de los electores. Los jubilados tienen más peso que los jóvenes, dado que representan el 35% de los electores. A los jóvenes se sumaron los activistas de la izquierda, sin contención de sus líderes, así como los que desprecian la cultura francesa y occidental, por falta de asimilación y compromiso con su país. Lo interesante es que el Estado francés gasta, en exceso, en estos grupos, mucho más que en otros que no protestaron tan violentamente.
Francia tiene el Estado más grande y pesado de los países desarrollados. Su gasto público equivale al 57% del PIB. En prestaciones sociales gasta el 32% del PIB frente al 27% de otros países europeos y en educación el 7%. Su deuda pública supera el 120% del PIB. Solamente la ineficiencia en la gestión pública explica que, en medio semejante gasto, existan grupos insatisfechos.
