Por: Álvaro E. Sánchez Solís
Ayer, en la Asamblea Nacional, se efectuó el primer debate de la Ley de Infancia Segura que, entre otras cosas, propone crear un registro de personas sentenciadas por delitos relacionados con material de abuso sexual infantil. La propuesta plantea que quienes tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por estos delitos consten en un registro y no puedan desempeñar actividades que impliquen contacto directo con menores. No se trata de condenar a sospechosos ni de desconocer la presunción de inocencia, sino de establecer consecuencias jurídicas para quienes ya fueron condenados en el marco de un proceso penal.
Sin embargo, permanece fresco el recuerdo de lo sucedido cuando el Estado intentó implementar herramientas similares: la Ley REVAAS de 2019 y la pregunta propuesta por el Presidente de la República en 2025 para crear un registro de violadores. En ambas ocasiones, la Corte Constitucional cerró el paso a estas iniciativas, invocando pretextos garantistas y formalistas.
La consecuencia de este triste criterio de los magistrados constitucionales fue una oportunidad perdida para fortalecer la prevención. La protección de la infancia no puede depender exclusivamente de la confianza en que, una vez cumplida su condena, un agresor jamás volverá a acercarse a una víctima potencial. El Estado debe contar con mecanismos que permitan reducir ese riesgo, especialmente en espacios educativos, deportivos y de cuidado.
La norma que actualmente debate la Asamblea Nacional contempla, con mayor precisión y técnica legislativa, los delitos que integrarán el registro, el acceso a la información y las consecuencias claras de su inclusión. En cualquier examen de constitucionalidad, esta norma debería prosperar, considerando, además, que la propia Corte Constitucional estableció que la protección de los niños constituye un fin legítimo.
Las normas ecuatorianas pecan de reactivas. La Asamblea Nacional debe instaurar una cultura de prevención del delito, especialmente cuando se trata de los niños. Por ello, me alegra que los legisladores insistan en registros y herramientas que permitan fortalecer la prevención. Esperemos a que la Ley de Infancia Segura llegue al segundo debate y sea aprobada. De igual manera, en ese caso, veremos si la Corte Constitucional se ubica en el lado correcto de la historia.
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