Dos concejales reclaman al Alcalde
El contrato para la “Construcción de vías locales y colectoras III de la ciudad de Ambato” ha sido objeto de arduos cuestionamientos y objeciones. Quienes criticaron el primer proceso de contratación de la obra, que inició en octubre de 2019, fueron las concejales de Ambato, Dra. Anabell Pérez y la Ab. María José López; el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP); la Contraloría General del Estado y los otros oferentes que participaron en ese proceso de adjudicación. El proceso no prosperó ya que el contrato fue declarado terminado unilateralmente por el Alcalde, sin que la obra haya podido iniciarse.
El 9 de abril de 2020, en plena emergencia sanitaria, se inició nuevamente la contratación directa. El 22 de abril el alcalde de Ambato lo adjudicó directamente al Ing. Carlos Alberto Aguilar Rodríguez. El proyecto comprende la construcción de 27 calles con una extensión de 8.517 metros de longitud para ejecutarse en un plazo de 450 días con un costo de USD 2.902,442.89.
PRIMER PROCESO CONTRACTUAL
(CÓDIGO SERCOP: LICO-GADMA-007-2019)
La historia del proceso de contratación se remonta al 30 de septiembre de 2019, cuando el Arq. Julio Rodríguez, Director de Planificación y Patrimonio del Municipio de Ambato, solicitó tramitar la contratación de la ejecución del proyecto. El presupuesto referencial era de USD 3.220.000 sin incluir IVA. El plazo era de 450 días a partir de la entrega del anticipo.
El 29 de octubre se realizó la convocatoria al proceso de licitación de la obra. El 7 de noviembre se publicó el proceso en el portal de compras públicas. El plazo para que los oferentes hagan preguntas era el 13 de noviembre.
Irregularidades iniciales
El 26 de noviembre fue la fecha máxima para presentar las ofertas. El mismo día se abrieron los sobres y es donde se detectó una inconsistencia, respecto al nombre de un funcionario en el encabezado: Ing. Kléber Padrón, Director de Obras Públicas. Resulta que Padrón no era funcionario municipal en esa fecha.
El 11 de diciembre, la Comisión Técnica, por decisión unánime, señaló que el oferente Santiago Alejandro Mendoza Larrea, cumple supuestamente con lo solicitado en el pliego y que se encuentra habilitado para la segunda fase de evaluación. Se descalificaron las otras seis ofertas porque no cumplían con los requisitos mínimos establecidos. Sin embargo, según la concejal Anabell Pérez, “existe una presunción de irregularidades en la adjudicación de la obra al contratista Santiago Mendoza, porque presentaba errores similares a los seis oferentes que fueron descalificados. No presentó el análisis de precios unitarios”. Asimismo, indicó que es inusual observar que las otras seis ofertas tienen calificación 0 sobre 50 en la oferta económica, en la experiencia del personal, específica y general.
Primera adjudicación
El 12 de diciembre, el Alcalde de Ambato, Javier Altamirano, emitió una resolución en la que adjudicaba el contrato al Ing. Santiago Mendoza por un monto de USD 3.090.416,866, sin incluir IVA y con un plazo de 450 días a partir de la entrega del anticipo. Mendoza es representante de la empresa Construcciones Civiles de Vanguardia (CONSTRUCIVA) desde el 2017. Asimismo, tiene experiencia previa en dirección de proyectos de conservación vial en el sector público y privado.
El 17 de diciembre, el abogado Juan Carlos Pilco, Jefe de la Unidad de Contratación y Compras, indicó que en la apertura de sobres, la Ing. Piedad López es quien suscribió el acta donde aparece Kléber Padrón. Dijo que fue un “error involuntario de tipeo”.
Entre el 17 y 19 del mismo mes, algunos de los otros oferentes presentaron las impugnaciones al proceso. El 23 de diciembre se suscribió el contrato entre ambas partes, con la presencia del Notario Séptimo del Cantón Ambato. Sin embargo, las cosas no siguieron el curso esperado.
Cuestionamientos de otros oferentes y del SERCOP
El 26 de diciembre, el SERCOP a través de la Directora de Supervisión de Procedimientos, Ab. Daniela Gordillo, ante reclamos presentados por los oferentes descalificados (el Ing. Alex Villacís Proaño y Patricio Alfonso Nardi), solicitó que se suspenda el procedimiento de contratación por 7 días hábiles. Además, el SERCOP solicitó la remisión de los justificativos técnicos y legales del reclamo presentado.
Se había adjudicado a la oferta más alta (Ing. Santiago Mendoza), por USD 3.090.416,8667, al descalificarse a las ofertas más bajas. Las otras ofertan que le seguían eran:
-Constructora Oviedo Palacios (Covipal): USD 3.019.115,5819
-Consorcio Vialtec: USD 2.982.175,5349
-Alex Guillermo Villacís Proaño: USD 2.943.306,6789
-Alvarado Ortiz Construcciones: USD 2.598.508,1043
-Consorcio Ambato: USD 2.444.314.3840
-Aillón Novoa Aníbal Francisco: USD 2.333.955,6826
Es decir que la diferencia entre la oferta adjudicada y la más baja era de USD 685.159.899, equivalente al 25% de la oferta ganadora y 35% de la oferta que le sigue. Fue la primera vez que en la historia municipal se adjudicaba un contrato de obra vial con una diferencia tan descomunal entre la oferta ganadora y la que le seguía.
Críticas de dos concejales ante el GAD y Contraloría
El 7 de enero de 2020, la abogada María José López y la Dra. Anabell Pérez, en calidad de concejales, solicitaron al GAD de Ambato varios puntos:
-La justificación de la legalidad del proceso de licitación.
-La justificación legal de la descalificación de los otros seis oferentes.
-Detalles sobre la firma del contrato en la Notaría Séptima.
-Copias certificadas de todo el proceso.
Asimismo, ambas concejales solicitaron la intervención de la Dirección Provincial de la Contraloría General del Estado para que realice un examen especial a la licitación de la obra.
El mismo día, ante el pedido de SERCOP, el Municipio de Ambato mediante oficio suscrito por el Alcalde Altamirano, señaló que se han seguido todos los procesos en apego a la Ley y que no se observan inconsistencias. También se adjuntaron las copias certificadas de la oferta presentada por el Ing. Santiago Mendoza, así como el expediente del proceso de contratación.
El 8 de enero, la Dra. Teresa Guevara, Directora Provincial de Contraloría, solicitó al Alcalde que se entregue la documentación relacionada al proceso de contratación, para ser considerado en una siguiente acción de control. El 16 de enero, la misma institución indicó que “el procedimiento revela inobservancias insubsanables (…)”. El ente de control solicitó la documentación del proceso al SERCOP, para continuar con las investigaciones pertinentes.
Terminación unilateral del contrato
El 30 de enero del 2020, el Alcalde de Ambato decidió dar por terminado el contrato “Vías Locales y Colectoras III”, después de “un profundo análisis técnico. Los errores identificados son de forma, lo cual no es causal para que ninguna entidad de control emita una sanción”, señaló el burgomaestre.
Tuvo que pasar más de un mes hasta que el Municipio notifique al contratista la terminación del contrato por mutuo acuerdo. Esto debido a que la Dirección de Planificación, en un oficio del 9 de marzo dirigido al Alcalde, señaló que “el diseño estructural del proyecto no garantiza su cumplimiento cabal o en su defecto poder continuar con las secciones típicas propuestas en los planos, ya que pueden estar subdimensionadas y afectar el periodo de vida útil del mismo (…)”. Esto quiere decir que también habían errores de fondo y no solo de forma como indicó el Alcalde.
Sin embargo, el 12 de marzo el contratista se opuso a terminar el contrato por mutuo acuerdo. Ante esta negativa, la Dirección de Planificación sugirió terminar unilateralmente el contrato. Finalmente, la primera parte de esta historia concluye con un oficio dirigido al contratista, en el que se declaró la terminación anticipada y unilateral del contrato suscrito el 23 de diciembre de 2019, al establecer la negativa del contratista para la terminación por mutuo acuerdo. Esto se debería a observaciones técnicas que no pueden ser subsanadas. Asimismo, no se le declaró al contratista como incumplido.
SEGUNDO PROCESO CONTRACTUAL
(CÓDIGO SERCOP: CDTU-GADMA-001-2020)
Contratación directa en medio de la emergencia sanitaria
Las críticas continúan, debido a que durante el Estado de Excepción por la emergencia sanitaria que vive el Ecuador y el mundo, el Alcalde de Ambato adjudicó el 22 de abril de 2020 un nuevo contrato para la ejecución de las mismas obras “Construcción de vías locales y colectoras III de la ciudad de Ambato” al Ing. Carlos Alberto Aguilar Rodríguez. El monto estipulado es de USD 2.902,442.89, valor ligeramente inferior al del contrato terminado unilateralmente, que fue de USD 3.090.416,866. Esto se realizó en medio de la emergencia sanitaria que vive el país. La terminación unilateral del anterior contrato le habilitaba al Alcalde para la adjudicación directa, según informó el Municipio.
Según el SERCOP, la modalidad es “Contratación Directa por Terminación Unilateral”. El presupuesto asignado para la obra es de USD 2.904.641. El plazo de ejecución es de 450 días a partir de la entrega del 50% del anticipo. Al 29 de abril, la obra se encontraba “Adjudicada – en registro de contratos”.
El cuestionamiento surge porque el Alcalde Altamirano, aprovechando la situación de emergencia sanitaria, adjudicó de manera directa -sin licitación- la ejecución al contratista Carlos Alberto Aguilar Rodríguez.
En la Resolución Administrativa DA-UCCP-20-052 del Municipio de Ambato, se menciona que en base a la justificación técnica entregada por el Ing. Julio Rodríguez, Director de Planificación, se sugiere invitar al Ing. Carlos Alberto Aguilar Rodríguez para participar en la construcción de la obra. Asimismo, el Alcalde señala que aprobó el estudio de desagregación tecnológica del procedimiento de Contratación Directa por Terminación Unilateral, revisado y aprobado por la comisión técnica, reunida el 14 de abril pasado.
El 15 de abril, el Alcalde Altamirano resolvió dar paso a que el Ing. Carlos Aguilar ejecute las obras, gracias al procedimiento de Contratación Directa por Terminación Unilateral.
¿Quién es Carlos Aguilar?
Al realizar una búsqueda en LinkedIn para observar su perfil, aparece que Aguilar es gerente propietario de “Ingeniería Civil net”. Sin embargo, al dar clic en el sitio web, nos lleva a un sitio de ingeniería en Argentina, sin ninguna relación con Ecuador. Asimismo, menciona que es ingeniero civil por la Universidad Técnica de Ambato, con experiencia en construcción de vías entre 2002 y 2008.
Al hacer el cruce de datos entre el Servicio de Rentas Internas, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) y el SERCOP, se evidencia que Aguilar sí es Ingeniero Civil, graduado en la Universidad Técnica de Ambato en 2005. Asimismo, posee un certificado en Prevención de Riesgos Laborales otorgado por Econstrucciones, Riesgo y Seguridad Industrial (Septrytsa S.A.).
Por otro lado, en el SRI aparece que Aguilar tiene como actividad económica principal la “construcción de edificios completos o partes de edificios”. Su dirección está registrada en Huachi Loreto. Sin embargo, al buscar más información acerca de su experiencia previa como director de proyectos de conservación vial o similares, no aparece nada -a diferencia del contratista inicial, Ing. Santiago Mendoza-. Adicionalmente, el SERCOP indica que el hermano de Carlos Aguilar, el señor Gonzalo Enrique Aguilar Rodríguez, es también proveedor del Estado. El es representante de la constructora GEAR, que fabrica estructuras metálicas y hormigón armado.
Tal información le permitió al contratista Aguilar justificar ante el Municipio que tenía experiencia y capacidad técnica para ejecutar la obra a la que le invitaron.
Dinero para asfalto en vez de salud pública
Los cuestionamientos surgen ante la contratación de una obra millonaria, en la que se requiere experiencia técnica previa comprobada, así como una trayectoria profesional reconocida. ¿Acaso no se podía esperar que terminara el estado de excepción por la emergencia sanitaria? Si al municipio le faltan recursos para adquirir pruebas PCR y otros insumos médicos ¿se justifica que adjudique un contrato de vías directamente por tantos millones de dólares?
En un comunicado emitido por las concejales María José López y Anabell Pérez mencionan que los procesos de fiscalización realizados por ambas han sido con el objetivo de salvaguardar los intereses de los ambateños. Asimismo, que fueron llevados a cabo con valentía y responsabilidad. Han manifestado que “con los recursos de los ambateños no se juega. Exigimos transparencia en el último proceso contractual, así como también demandamos que se priorice la salud y bienestar de las familias ambateñas. Los recursos de los ambateños deben ser bien invertidos”. En el medio digital “Ambato en Línea” el periodista de investigación Fernando Villavicencio manifestó algunas inquietudes respecto al proceso de adjudicación. Indicó que le parece extraño que en plena emergencia sanitaria la prioridad sea la construcción y mantenimiento vial en vez de destinar recursos para el sector de salud.
La salud no puede esperar, la reconstrucción vial sí, dicen las concejales y ciudadanos que se han expresado en las redes sociales para señalar que hacen falta insumos médicos, pruebas PCR para detección de Covid-19, Unidades de Cuidados Intensivos en los hospitales (UCI) y demás material sanitario para hacer frente a esta emergencia.
Dado que el contrato firmado con el Ing Aguilar no se va a revisar, según lo que han expresado los funcionarios municipales, se debería informar la fuente de financiamiento de la obra; si fue a través de un préstamo o recursos propios, así como si hay recursos financieros disponibles para el pago del anticipo.
Además, dado que las dos concejales han dicho que debe fiscalizarse la contratación, la Contraloría puede realizar los controles establecidos en la ley, además del propio Sercop, especialmente si existe algún pedido para que revise el proceso.
La discusión alrededor de las fases precontractual y contractual no está cerrada y seguirá en la siguiente etapa de ejecución. Este será un tema que marcará la gestión municipal y determinará el curso de muchos acontecimientos acaecidos y otros que aparecerán en el camino.
Por lo pronto, el contratista al que se le terminó unilateralmente el contrato tiene las vías administrativas y judiciales abiertas para reclamar.
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