En la primera parte de este recuento sobre los múltiples casos de corrupción que han sucedido en Ecuador durante la emergencia sanitaria abordamos los delitos por los que se acusaría a los presuntos responsables del cometimiento de actos ilegales. Asimismo, Ambato News mencionó varios casos de corrupción en el municipio de Quito; en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; en el IESS y en el Ministerio de Salud Pública.
A continuación nos enfocamos en los casos más conocidos de corrupción durante la emergencia sanitaria en Manabí, Guayas y en Tungurahua.
Guayas
- Denuncias al prefecto Carlos Luis Morales
El martes 28 de mayo, la Contraloría General del Estado aprobó dos informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) por la existencia de una diferencia no justificada de USD 345 020 por la compra de 70.000 mascarillas KN-95 y 5.000 pruebas rápidas de Covid-19, por USD 585 000. Esto representa un incremento del 123% en el contrato.
El contralor Pablo Celi remitió los exámenes de control a la Fiscalía para su análisis. Incluyen una primera investigación de la adquisición de 70.000 mascarillas KN-95 y 5.000 pruebas rápidas COVID-19 por $585 500, en la cual se observó un incremento del 123 % en el contrato.
El equipo auditor realizó una comparación con otras compras públicas, y en ese análisis se observó que la Prefectura del Guayas, dirigida por Carlos Luis Morales, pagó USD 6,71 por unidad de mascarilla y USD 23,16 por cada prueba rápida. Se comprobó que los mismos insumos tienen un valor de USD 3 y USD 11,20, respectivamente. Por eso se indicó que el costo total no debía superar los USD 210 000, existiendo una diferencia de USD 259 700, según precios de mercado.
El portal La Historia alertó en Twitter que la Prefectura había adquirido 5.000 pruebas rápidas de Covid-19 a USD 23,16, mientras que el Municipio de Guayaquil había comprado 50.000 pruebas, a USD 11,20 cada una.
Detención y liberación del prefecto
La Fiscalía detuvo el miércoles 3 de junio al prefecto Morales, con el objetivo de investigarlo por el mencionado caso. Previamente había allanado su vivienda en la vía a Samborondón, donde no se encontraba Morales. Horas después fue arrestado en otra urbanización de la zona.
Sin embargo, el jueves 4 de junio, el presidente de la Corte Provincial del Guayas, Alfonso Ordeñana, durante una audiencia de formulación de cargos contra el prefecto Morales, no acató el pedido de prisión preventiva solicitado por Fiscalía y dispuso medidas cautelares para el procesado. Por esta decisión, el Consejo de la Judicatura abrió una investigación disciplinaria para revisar la actuación del magistrado.
Las medidas consisten en la prohibición de salida del país; presentación semanal ante un juez y llevar un grillete electrónico. Al volver a su despacho, el pasado jueves 4 de junio, Morales no tenía el dispositivo y su abogado manifestó que no había en existencia. Al día siguiente fue colocado el dispositivo.
Críticas de Fiscalía
La Fiscal General, Diana Salazar, señaló que la necesidad de solicitar la prisión preventiva tiene que ver con estándares internacionales relativos al riesgo de fuga y a que se pueda interferir en la investigación.
“Estos dos parámetros fueron expuestos claramente por la fiscal provincial del Guayas (Yanina Villagómez) durante la audiencia. Resulta que en el caso del prefecto, el riesgo de fuga está justificado porque además sus familiares directos, su esposa e hijastros, ya están prófugos”, indicó la Fiscal.
Agregó que “el señor Morales no fue detenido en su casa; los teléfonos los dejó en la Prefectura, justamente para evadir a la justicia. Él pretendía huir”. Para Carlos Luis Sánchez, defensor del prefecto, la prisión preventiva es una medida de último ratio.
Otros detalles e investigaciones
Según Diario El Universo, además de Morales están siendo investigados su esposa, Sandra Arcos, Hermelindo V., José V., Xavier V., Alejandro V., Javier V., Mario M., Verónica L., Carlos B., Kerly M., Leonardo V. Ocho de ellos fueron detenidos el miércoles 3 de junio, según informó la Fiscalía del Guayas.
La Fiscalía investiga los supuestos vínculos entre estas empresas con parientes de Morales. Por ejemplo, Hermelindo V., de 76 años, consta como presidente de Zerasamiz S.A., a la que la Prefectura adjudicó un contrato por USD 90 000 para entregar una proyección estadística de pruebas rápidas de COVID-19.
Uno de los accionistas de Zerasamiz S. A. es Mario M., propietario de la empresa Globalcompany S. A., que registra el mismo contador que la compañía Impoferrcorp S. A. Esta última empresa registra el mismo número de contacto de Recréate y Comunicaciones S. A., agencia administrada por Sandra Arcos, esposa de Morales.
El portal web de la Superintendencia de Compañías registra que Hermelindo V. también es propietario de otra compañía, Cicerocorp S. A., que también tiene contratos con la Prefectura del Guayas. Esta compañía registra el mismo contador que Talleres Multimarcas Autostar S. A., de propiedad de Xavier V. V. y Xavier V. A., exesposo e hijo de Sandra Arcos, respectivamente. (I)
Defensa de Morales
El prefecto ordenó que no se pague al contratista relacionado al contrato y también dispuso la desvinculación del funcionario que realizó el informe que motivó la adjudicación y contratación. En declaraciones recogidas por El Universo, Morales se defendió diciendo que «no fue un proceso a dedo como se pretende hacer creer». Manifestó que se adjudicó a la oferta que presentó el precio más bajo y que cumplía con los requisitos exigidos en los pliegos.
«Se presentaron 8 cotizaciones para la venta de las mascarillas y ganó el precio más bajo de entre los que cumplían, en un caso se quería pago de contado previo a la entrega y en el otro presentaron la oferta incompleta y fuera del tiempo solicitado. Hubo 5 oferentes de mayor valor al adjudicado», señaló Morales. Mientras que respecto a las pruebas rápidas, hubo seis oferentes y se escogió al más económico y que cumplía con el tiempo de entrega y forma de pago.
- Denuncias contra Abdalá Bucaram y su familia
El miércoles 3 de junio, mismo día en el que se llevaron a cabo 37 allanamientos en el país, el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, fue detenido en su casa en la ciudadela Kennedy Norte en Guayaquil. La aprehensión se realizó por presuntos casos de corrupción en compras de insumos médicos. Asimismo, en el domicilio del exmandatario se encontró un arma de fuego y 200 cartuchos de 9mm.
La Fiscal Diana Salazar mencionó que la vinculación de Bucaram es por el caso de peculado y delincuencia organizada porque en su vivienda se encontraron insumos médicos como cinco mil mascarillas, más de 2.000 pruebas y otros insumos que coinciden con los encontrados en el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo (HTMC). Según fuentes de la Fiscalía, en la casa también se encontraron documentos relacionados con el HTMC. Mientras Bucaram ingresaba al Cuartel Modelo, gritó ¡Que viva la patria! Finalmente la justicia determinó el arresto domiciliario para el ex Jefe de Estado.
Otras denuncias relacionadas
De acuerdo a una investigación de El Universo, parientes de la exesposa de Jacobo Bucaram, hijo del exmandatario, han recibido USD 7.7 millones en 46 contratos de los hospitales del IESS, entre ellos el HTMC de Guayaquil, entre 2012 y 2019. En esta casa de salud, varios médicos y funcionarios identificaron a Daniel Salcedo Bonilla como el supuesto enlace para adjudicar contratos relacionados con el movimiento Fuerza y Fe, representado por Dalo Bucaram, exasambleísta, quien según El Universo fue entrevistado pero pidió que no se publicara la entrevista.
Salcedo es dueño de HDC Producciones, empresa que ha recibido contratos por USD 3 millones entre 2017 y 2018. Salcedo, en otra compañía, es socio de un hermano de Dalo Y Jacobo. En el HTMC funcionó durante 2018 una oficina paralela de compras públicas, que invitaba a proveedores relacionados entre sí, que ganaban los contratos por turnos.
Por ejemplo, en ese año el HTMC adjudicó un contrato por casi USD 800 000 a José Luis Llerena Candela, entonces cuñado de Jacobo Bucaram, que estaba casado con María Gabriela Llerena Candela entre enero de 2018 y diciembre de 2019. De acuerdo a la Comisión Nacional Anticorrupción, ese contrato tuvo un sobreprecio del 98% en insumos médicos. Otros parientes de los Llerena Candela son las hermanas María Mercedes y María Lorena Erazo Tortorella, quienes habrían recibido USD 3,2 millones por 43 contratos con el IESS.
El 3 de junio también fueron allanadas las instalaciones del HTMC, donde se incautó documentación. La fiscal de Guayas, Yanina Villagómez, mencionó que se investiga un posible perjuicio al Estado de USD 12 millones y que por esto también se detuvo a Luis Jairala, exdirector del hospital, así como a seis funcionarios más.
Salcedo se accidentó en una avioneta de Alfredo Adum, amigo de Abdalá Bucaram el lunes 8 de junio de 2020. En la aeronave, siniestrada en Zarumilla, al norte de Perú, frontera con Ecuador, iban cinco ocupantes. Salcedo se encuentra hospitalizado con fuerte custodia policial en Guayaquil. Iba a ser trasladado a Quito pero se determinó que su estado de salud es delicado debido a que está contagiado con Covid-19, además de las heridas por el accidente aéreo. En el accidente falleció el piloto, Alfredo Espinoza, quien ya fue repatriado a Ecuador.
Manabí
El asambleísta por Alianza País-Aliados, Daniel Mendoza, está recluido en prisión por el presunto delito de delincuencia organizada. Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia, tomó en cuenta el pedido de la fiscal Diana Salazar, quien formuló cargos contra Mendoza y otros cinco presuntos implicados, entre ellos René Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras (SECOB), contra quien también se dictó prisión preventiva.
Según información de Diario El Comercio, Salazar subrayó que “formarían parte de una estructura de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales”. La funcionaria presentó 15 elementos de convicción por la presunta existencia de una estructura de delincuencia organizada. La fiscal aseguró que el asambleísta de Manabí, valiéndose de su cargo, habría coordinado acciones para obtener contratos de obra pública en esa provincia, entre esas la construcción de dicho hospital.
Según El Comercio, la fiscal manifestó que en los computadores incautados del Consorcio Pedernales-Manabí, empresa adjudicada para la construcción del hospital, se encontraron registros y pagos a funcionarios públicos, entre ellos al legislador Mendoza. Esto se lo hacía de forma reiterada y planificada. Es por eso que la fiscal solicitó al juez Marco Rodríguez la prisión preventiva para Mendoza, Tamayo, Jennifer C., Tania S. y Ángel A. Para Olga M., la encargada de realizar los pagos en el Consorcio, pidió arresto domiciliario y prohibición de salida del país.
En la audiencia también se presentó el informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal donde se detalla una inobservancia del Secob. El juez dispuso el inicio de la instrucción fiscal por 90 días; ordenó la prisión de cinco de los procesados, así como la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes por el valor de USD 8 millones, equivalentes al anticipo de la obra, según detalla el mismo medio de comunicación.
Tungurahua
Vías colectoras III
El contrato para la “Construcción de vías locales y colectoras III de la ciudad de Ambato” ha sido objeto de arduos cuestionamientos y objeciones. Quienes criticaron el primer proceso de contratación de la obra, que inició en octubre de 2019, fueron las concejales de Ambato, Dra. Anabell Pérez y la Ab. María José López; el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP); la Contraloría General del Estado y los otros oferentes que participaron en ese proceso de adjudicación. El proceso no prosperó ya que el contrato fue declarado terminado unilateralmente por el Alcalde, sin que la obra haya podido iniciarse.
Ambato News recopiló la información y denunció este hecho. En este enlace podrá revisar más a fondo el polémico contrato municipal adjudicado en plena emergencia sanitaria.
Lo de fondo
En Ecuador tal parece que nos hemos acostumbrado a escuchar día tras día, semana tras semana, sobre las múltiples denuncias de corrupción en los que están envueltas varias autoridades y funcionarios públicos. Es escandaloso observar como en todos los niveles del Estado, la podredumbre es generalizada ya que la corrupción no tiene freno en estos tiempos de pandemia.
Como sociedad debemos reflexionar el modelo deseable de país, ya que por donde estamos transitando es el camino al colapso económico, social y político. La gente ya no cree en sus instituciones ni autoridades. La desesperanza se ha apoderado de los ecuatorianos, que asisten atónitos a esta pandemia de corrupción. Es imperativo que las autoridades judiciales tomen acción y no se burlen de los recursos públicos y sobre todo, de la paciencia ciudadana.
[…] Todo esto sucedió en medio de las investigaciones que se realizaban por los presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos y mascarillas, como parte de la emergencia sanitaria. Ambato News realizó un recuento de la pandemia de corrupción. […]