Por: Álvaro E. Sánchez Solís
En una medida decisiva para combatir la creciente ola de inseguridad, el Gobierno de Daniel Noboa ejecutó, el 15 de febrero de 2026, una intervención operativa en Segura EP, la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil. Esta acción, liderada por el Ministro del Interior, John Reimberg, busca corregir irregularidades detectadas, como el almacenamiento de datos en servidores externos gestionados por Telconet desde 2022 e integrar los recursos locales al sistema nacional de inteligencia y respuesta rápida.
Segura EP, creada para manejar el monitoreo y emergencias locales, ahora opera bajo una coordinación unificada que optimiza más de 700 agentes en 146 vehículos, sin desplazar al personal municipal. Reimberg enfatizó que no despojó a nadie, pues todos continúan trabajando, asumiendo solo la dirección operativa para maximizar la eficiencia. El convenio firmado el 20 de febrero entre Segura EP y el Ministerio del Interior, con vigencia de cinco años, consolidó esta colaboración, asegurando un marco legal para compartir recursos y datos en beneficio de la ciudadanía.
Aunque algunos sectores municipales, como el Concejo bajo la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, han expresado preocupaciones sobre la autonomía, el Gobierno ratificó que la medida respeta el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y evita reducciones presupuestarias significativas. Reimberg también negó cualquier «secuestro» de la entidad.
No es la primera vez que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, ha intervenido en otros niveles de gobierno o en otras instituciones. Esto ya ha sucedido con la Agencia Nacional de Tránsito y la Empresa Pública Municipal de Movilidad de Manta, instituciones que fueron seriamente cuestionadas por nexos con el crimen organizado.
Al final, con esta acción del gobierno, los guayaquileños podrían beneficiarse de un ecosistema de vigilancia más robusto. Los que hoy protestan por un supuesto rompimiento de la autonomía municipal priorizan más la retórica que la practicidad y los resultados de las medidas ejecutadas por el Gobierno.
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