El asambleísta nacional de ADN, abogado Esteban Torres Cobo, durante una entrevista en Radio Democracia, se refirió a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, en la Asamblea Nacional. De igual forma habló sobre los proyectos económicos urgentes que han declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional.
En este sentido, Torres señaló que la Corte Constitucional fue demasiado radical, al declarar la inconstitucionalidad total, por la forma, de las dos leyes del Gobierno. Con esa inconstitucionalidad total se ve afectada la conformación de la nueva junta bancaria del Ecuador, así como se ven afectados también, en sus expectativas, aquellos que se habían beneficiado de la remisión de intereses para pagar las deudas tributarias. Adicionalmente, el Gobierno se queda sin las posibilidades previstas en esas leyes, para combatir al crimen organizado y a la delincuencia.
Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia
Con 77 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que incluye reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y al banco BIESS.
Esta ley otorga nuevas facultades al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), como la venta de cartera vencida y la posibilidad de realizar operaciones de reporte, herramientas destinadas a optimizar las inversiones y mejorar la liquidez del banco.
Leyes anuladas por la Corte
Las leyes económicas urgentes de Noboa anuladas por la Corte Constitucional son la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública, principalmente por no respetar los límites temáticos, los procedimientos y la justificación real de urgencia económica exigidos por la Constitución.
Según el portal Primicias, la anulación de estas leyes ha profundizado el conflicto entre el Poder Ejecutivo y Judicial y motivó propuestas presidenciales para convocar a una Asamblea Constituyente.
Por su parte Torres aseguró que, Corte Constitucional pudo modular la declaratoria de inconstitucionalidad y no llegar al extremo al que llegó, expulsándolas completamente del ordenamiento jurídico, y privándole al Gobierno del presidente Noboa de los instrumentos necesarios para poder gobernar debidamente.
En el caso de la junta bancaria resulta que entre la vigencia de la ley y la declaratoria de inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional posesionó a sus miembros. Una vez declarada la inconstitucionalidad, ese organismo pierde la base jurídica y aquellos que fueron posesionados nada tienen que hacer en esta nueva entidad, necesaria para que se pueda llevar adelante la política económica monetaria y crediticia del Gobierno ecuatoriano.
Entrevista completa aquí:
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