Por: Álvaro E. Sánchez Solís
Históricamente, el derecho ha sido empleado como una herramienta política, tanto para salvaguardar la democracia como para atentar contra ella. Por ejemplo, en la Alemania nazi, se promovieron reformas profundas para precarizar el rol de los jueces como guardianes de los derechos de los ciudadanos y permitir la instalación del régimen autoritario.
Hoy, Latinoamérica vive una etapa en la que muchos políticos emplean el derecho como un mecanismo para conseguir fines propios de esa esfera. En el Ecuador, especialmente, abundan las denuncias por violencia política de género para censurar criterios y privar de sus derechos políticos a autoridades y candidatos. Hasta hace poco, se empleaban de manera indiscriminada las acciones de protección para resolver conflictos que se suscitaban en la Función Legislativa o para que autoridades destituidas consiguieran volver a sus cargos.
Esto, además, ha permitido que la Corte Constitucional, a través del ejercicio de sus facultades de control constitucional, avale el activismo judicial y dé luz verde a propuestas políticas, prescindiendo de las discusiones ideológicas y políticas. Incluso, la Corte Constitucional ha puesto a varios presidentes de la República contra las cuerdas al impedir que tengan vida jurídica algunos decretos que este organismo consideró contrarios a la Constitución.
La pregunta que nos planteamos es: ¿hasta qué punto la política puede judicializarse sin que ello implique una afectación a la democracia? Es legítimo que, a través de mecanismos judiciales, se ponga freno a las acciones que pudieran corroer el Estado de derecho; pero, ¿quién define ese límite? El pueblo avaló y condenó algunas incursiones judiciales en la política en iguales proporciones, sin que se pudiera determinar claramente si aquellas se constituyeron en actos legítimos o no.
Por mi parte, siempre he creído que el derecho puede intervenir en aspectos muy puntuales y excepcionales del mundo político con el propósito de instaurar el orden y promover el respeto al Estado de derecho en medio del caos. Hoy, los operadores de justicia se involucran en todo, erosionan la democracia y se superponen al debate legislativo sobre asuntos de trascendencia nacional como el aborto, la eutanasia o el matrimonio igualitario. Si en algún momento volvemos a encontrarnos a las puertas de cambiar la Constitución, este debería ser un punto a abordar con mucha meditación.
