Por: Álvaro E. Sánchez Solís
En 2025, la protección de datos personales se ha convertido en un tema jurídico de gran relevancia en Ecuador, impulsado por la creciente digitalización y la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) en 2021.
Esta normativa, pionera en la región, busca garantizar el derecho fundamental a la privacidad en un contexto donde las plataformas digitales, el comercio electrónico y las bases de datos públicas y privadas manejan información sensible de millones de ciudadanos.
La LOPD establece principios claros: consentimiento informado, finalidad específica del uso de datos y seguridad en su tratamiento. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos. Muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, aún no se han adaptado completamente a los requisitos legales, como la designación de un oficial de protección de datos o la implementación de protocolos de seguridad.
Según la Superintendencia de Protección de Datos, en 2024 se registraron más de 300 denuncias por mal uso de información personal, desde filtraciones sensibles hasta campañas de marketing no autorizadas.
El ámbito público también está bajo escrutinio. La digitalización de servicios
gubernamentales, como el registro civil o la vacunación, ha generado preocupaciones sobre la seguridad de las bases de datos estatales. En recientes pronunciamientos de la Superintendencia de Protección de Datos Personales se han tratado temas sobre las cláusulas de protección de datos personales en los contratos celebrados en el Ecuador (Resolución No. SPDP-SPD-2025-0006-R) o el uso de datos biométricos para registrar la
asistencia a los lugares de trabajo (Oficio No. SPDP-2025-0031-O).
El desafío jurídico radica en fortalecer la institucionalidad para hacer cumplir la ley sin frenar la innovación. La Superintendencia necesita más recursos para fiscalizar y educar, mientras que los ciudadanos demandan mayor claridad sobre sus derechos, como el acceso, rectificación o eliminación de sus datos. Además, la cooperación internacional es clave, dado que muchas plataformas operan transnacionalmente. La protección de datos no es solo un asunto técnico, sino un pilar de la democracia digital.
Ecuador tiene la oportunidad de consolidar un modelo que equilibre tecnología y derechos, posicionándose como referente en la protección de la privacidad en la región.
